El 80 por ciento de los municipios de la provincia de Albacete se benefician de las medidas de la Ley de Despoblación

Jesús Alique ha especificado que son 68 localidades integradas en las cinco zonas clasificadas en riesgo de despoblación, con intensa despoblación y extrema despoblación, a las que van dirigidas las medidas de la Ley. “Estos municipios abarcan más de la mitad del territorio de la provincia”.

El comisionado ha recordado que la Estrategia, compuesta por 210 actuaciones en total, tiene como horizonte 10 años de vigencia. Para ello se contempla una inversión de 3.322 millones de euros para esos diez años, “ya en el 2022 estamos hablando de 450 millones de euros para poner en marcha esas actuaciones”.

Albacete, 25 de marzo de 2022.– El 80 por ciento de los municipios de la provincia de Albacete se benefician de las medidas que contempla la Ley frente a la Despoblación en Castilla–La Mancha, entre las que se incluyen deducciones fiscales y la garantía de acceso a los servicios públicos (educativos, sanitarios y de transporte) en igualdad de condiciones que aquellos que residen en grandes municipios.

Así lo ha trasladado hoy el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, en un encuentro con el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, y con el resto de delegados de las diferentes consejerías del Gobierno autonómico. Una cita en la que Alique ha especificado que en esta provincia son 68 municipios los que integran las cinco zonas clasificadas como en riesgo de despoblación, con intensa despoblación y extrema despoblación, a las que van dirigidas las medidas de la Ley. “Estos municipios abarcan más de la mitad del territorio de la provincia”.

Se trata de municipios, tal y como ha apuntado Jesús Alique, en los que residen 67.133 personas, “que suponen el 17 por ciento de la población total de esta provincia”, ubicados en la Sierra del Segura, la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel y La Manchuela.

El encuentro de hoy en Albacete se enmarca dentro de una ronda de reuniones de trabajo que el comisionado está desarrollando en todas las provincias de la región para ahondar con los delegados las medidas de la Ley y de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de la norma, y valorar la aplicación de las medidas que ya están en marcha en los diferentes territorios.

Deducciones fiscales y blindaje de servicios públicos

Tal y como ha trasladado Jesús Alique, “con la aprobación de esta norma elevamos a rango de ley las políticas que venimos desarrollando desde el Ejecutivo regional” con el fin de blindar los servicios públicos como la educación, la sanidad y también el transporte.

Una ley “participada, pionera, trasversal”, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal con desgravaciones de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas, además de una deducción de hasta el 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de una vivienda en estas zonas y la reducción a la mitad del impuesto de transmisiones patrimoniales y del impuesto de actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas o locales para la implantación de empresas.

Tras al encuentro, Jesús Alique ha recordado que la Ley de medidas contra la Despoblación tiene un carácter transversal y multisectorial “ya que implica a las consejerías, lo que muestra un claro compromiso de cohesión territorial”.

Prueba de ello es que toda la normativa –leyes, planes y programas– que se elabora en Castilla–La Mancha desde hace unas semanas incluye un informe de impacto demográfico para identificar y valorar los efectos y resultados de estas normas en las zonas escasamente pobladas poner en marcha medidas frenen la despoblación.

Más de 3.300 millones de euros para una estrategia a largo plazo

El comisionado ha recordado que el objetivo es que las medidas que se contemplan en la Ley se desarrollen en el largo plazo. Por ello la Estrategia, compuesta por 210 actuaciones en total, tiene como horizonte 10 años de vigencia (con revisiones cada cuatro años) para lo que se contempla una inversión de 3.322 millones de euros para esos diez años, “ya en el 2022 estamos hablando de 450 millones de euros para poner en marcha esas actuaciones”.

Finalmente, ha insistido en que lo que persigue el Gobierno de Emiliano García–Page “es dar respuesta a las necesidades de la población” en las zonas afectadas por la despoblación tanto en materia de transporte, conectividad o de prestación de servicios públicos, para garantizar que sus habitantes tengan los mismos derechos que aquellos que viven en grandes núcleos de población.

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