Operación pionera del Seprona contra la taxidermia irregular y la caza furtiva

El Seprona de Ávila ha liderado una operación nacional en la que hay 74 personas investigadas por intentar “dar legalidad” a 258 animales cazados de forma furtiva.

El epicentro de las operaciones era una taxidermia de Burgos en la que los cazadores furtivos de toda España acudían para “blanquear” la documentación de animales cazados irregularmente.

Es una operación pionera en nuestro país y que afecta a 10 provincias diferentes, investigación liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ávila, Francisco Galera es su máximo responsable. (ESCUCHAR AUDIO)

Se ha acreditado 258 animales entre corzos, ciervos y gamos, entre los 78 detenidos dos eran los taxidermistas de Burgos, el resto eran cazadores o gestores de cotos de diferentes puntos de España.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarrollado la operación CorCyL, en la que ha investigado a 74 personas de diez provincias por tratar de dar apariencia de legalidad en una taxidermia de Burgos a 258 animales cazados supuestamente de manera irregular.

Las piezas habían sido capturadas en cotos de nueve provincias tras reutilizar o falsificar los precintos, según ha explicado el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Gustavo Dorda, en una rueda de prensa para dar a conocer el operativo.

Se trata de la primera ocasión en la que se lleva a cabo la trazabilidad completa de los precintos de caza "cotejados uno a uno, no digitalmente", en lo que ha calificado como "trabajo de chinos" al cotejar 2.132 asientos de los últimos cinco años de los libros de registro de las delegaciones de caza de las provincias afectadas.

Los presuntos autores del hecho utilizaban "precintos del mismo color y tipografía de hace cinco años, que volvían a utilizarse con la fecha actual" para dar apariencia de legalidad.

A los 74 investigados, dos de ellos del establecimiento de taxidermia de Burgos, se les hace responsables de varios delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la flora, la fauna y animales domésticos --furtivismo--, encubrimiento y receptación.

Los investigados, entre los que hay cazadores y gestores de cotos de caza, son de las provincias de Burgos, Palencia, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, La Rioja, Madrid, Cantabria, Córdoba y Granada.

Con estos delitos se estaban poniendo "en peligro de extinción determinadas especies", ya que "se cazaban más piezas de las autorizadas".

La operación se ha desarrollado a raíz de otra que tuvo lugar en Móstoles (Madrid), cuando se desarticuló una trama de furtivos que también manipulaba los precintos de caza para volverlos a utilizar.

Fue entonces cuando se inspeccionó una taxidermia burgalesa al considerarse que recibían trofeos de corzo sin precinto.