La oposición rechaza la propuesta del equipo de gobierno para eliminar las algas de Serones con carbono

El equipo de gobierno ha propuesto la instalación de dosificadores de carbono activo para tratar el agua. Es un tratamiento de carbono que minimiza los efectos de olor y sabor del agua, que según la oposición “cuesta 2.500€/ día” y que “no garantiza al 100% una solución al problema dado el elevado número de algas del pantano”.El alcalde de Ávila, Jose Luis Rivas, ha asegurado que “seguirá trabajando con el fin de resolver este primordial asunto para la ciudad”.Para el PP la prioridad es “garantizar la calidad del agua que se suministra a la red” y han alertado que “dilatar la situación favorece a que las algas continúen creciendo con las altas temperaturas que se esperan para el verano”.El grupo municipal socialista ha asegurado que “no tiene que ser el Ayuntamiento quien sufrague los gastos” y que tendría que ser la empresa Aqualia la que asuma los costes.El PSOE asegura que “no puede aceptar” que la empresa se encargue de la financiación de las obras y que el Ayuntamiento costee el mantenimiento posterior”, para el PSOE, “las arcas municipales no tienen porque sostener este gasto dado que es un servicio externalizado”. El PSOE ha asegurado que “la empresa tiene que velar por un tratamiento y suministro adecuado”.Ciudadanos ha calificado de “deslealtad” al equipo de gobierno el hacer publico los votos de una comisión informativa.Trato Ciudadano ha votado en contra porque “abogan por una solución definitiva al problema de agua”, para Trato Ciudadano, la solución del PP es poner unos parches muy caros”.Izquierda Unida ha asegurado en un comunicado que “No son los ciudadanos los que deben asumir los costes por eliminar el problema de las algas en Serones, sino la empresa”. En un comunicado IU asegura “la obligación del Equipo de Gobierno es velar por los intereses de la ciudad y no de Aqualia”UPyD ha asegurado que “solo puede hablar de su posición y que siempre es la misma”, es decir “valorar informes técnicos del Ayuntamiento y no de las empresas concesionarias”.La situación se queda “suspendida por el momento” aunque pese al dictamen desfavorable de la comisión, se puede aprobar en la junta de gobierno del Ayuntamiento donde el PP cuenta con mayoría.