El alcalde de Burgos asegura que las oficinas de atención al consumidor están en riesgo por falta de ayudas

El alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, ha exigido este miércoles a la Junta de Castilla y León la modificación del estatuto del consumidor para acabar con las competencias impropias que asumen desde hace décadas los ayuntamientos.

Acompañado por la concejal de Consumo, Lola Ovejero, De la Rosa ha explicado que esta solicitud forma parte de la asistencia que el Consistorio burgalés realiza en la materia desde hace 37 años pese a ser una competencia directa del Gobierno autonómico.

De la Rosa, que ha dejado clara su predisposición a la colaboración en materia de asesoramiento e información al consumidor, ha reiterado que la literalidad de la norma deja claro que la competencia es de la Junta y no de los ayuntamientos, a la vez que ha recordado que, a lo largo de las casi cuatro décadas de funcionamiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), se ha atendido a más de 700.000 personas.

En este sentido, ha recordado que, tras acceder a la Alcaldía en junio de 2019, inició una serie de contactos con la Dirección General de Comercio y Consumo para abordar esta cuestión, que, sin embargo, no han tenido respuesta hasta comienzos de este año.

En estas comunicaciones, el Ayuntamiento de Burgos trasladaba a la Junta la necesidad de modificar el estatuto del consumidor para dejar taxativamente clara la competencia regional y se solicitaba que se retomasen las subvenciones para el mantenimiento de la OMIC, interrumpidas en 2011.

Tras más de dos años y medio de comunicaciones, la respuesta de la Junta llegó el pasado 5 de enero, cuando la Dirección General de Comercio y Consumo respondió al Consistorio que no estaba entre sus previsiones la modificación estatutaria y que, en el caso de las subvenciones, se informaría al respecto tras la aprobación del presupuesto de 2022.

Daniel de la Rosa ha reprochado a los responsables del Gobierno autonómico esta actitud, a los que ha acusado de condicionar las ayudas a los ayuntamientos en este sentido hasta la aprobación de unas cuentas que han sido lastradas por la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas.