García-Gallardo (Vox) propone que Garoña vuelva a estar operativa en 2030

En este momento la central burgalesa se encuentra a punto de iniciar el desmantelamiento según un proyecto redactado por la empresa pública Enresa

El vicepresidente de la Junta visita la central nuclear de Santa María de Garoña

Agencia EFE

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha afirmado este martes que, según los técnicos con los que ha venido manteniendo contactos en las últimas semanas, la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), actualmente en fase de desmantelamiento, podría volver a operar con dos nuevos reactores en el año 2030.

Tras una visita a las instalaciones de la central, donde se ha reunido con directivos de la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, García-Gallardo ha anunciado que la Consejería de Empleo e Industria, cuyo titular, Mariano Veganzones, le ha acompañado esta mañana, encargará un estudio de viabilidad para determinar si es posible instalar en Garoña dos reactores tipo SMR de última generación.

“Es la misma tecnología que se está instalando en países como Suecia, Finlandia, Francia o Japón y aseguraría energía barata, limpia y abundante”, ha explicado García-Gallardo a los periodistas.

Ha reconocido que los responsables de la propietaria de la planta le han explicado que la infraestructura está deteriorada tras años sin funcionamiento.

No obstante, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha insistido en que la instalación nuclear no cerró por defectos de funcionamiento, sino por razones económicas, en su opinión “ahogada por los impuestos verdes del Gobierno de España”.

En este sentido, ha reconocido que la viabilidad de la reapertura requeriría la anulación de esos impuestos y la preceptiva autorización del Gobierno estatal.

La central de Garoña dejó de operar en 2012 por decisión de Nuclenor, debido a su falta de rentabilidad, aunque el cierre definitivo no fue decretado por el Gobierno hasta 2017.

En este momento se encuentra a punto de iniciar el desmantelamiento según un proyecto redactado por la empresa pública Enresa, en el que han participado también los técnicos de la planta nuclear.