La Junta “no cerrará” ningún parque de bomberos en la provincia de Burgos
La directora de la Agencia de Protección Civil se reúne con los alcaldes para aclarar las dudas respecto al Plan Sectorial de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios
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La Junta “no cerrará” ningún parque de bomberos en la provincia de Burgos, según confirmó hoy la Junta de Castilla y León. La directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés Calvo, mantuvo una reunión con alcaldes de la provincia en la Delegación Territorial para aclarar las dudas de los municipios respecto al Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León aprobado la pasada semana.
Así, según informaron fuentes de la Administración autonómica, Cortés se reunió con el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y los alcaldes de Quintanar de la Sierra, Castrojeriz, Oña, Santa María del Campo y Espinosa de los Monteros, a quienes explicó aclaró dudas sobre las líneas generales del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, entre otras cuestiones, precisaron, sobre las áreas de intervención por provincias, que no tiene relación con el número de parques de bomberos existentes en las mismas, competencia de la administración local (ayuntamientos y diputaciones), “por lo que la Junta no prevé cerrar ningún parque”.
En el caso de la provincia de Burgos existen 22 parques, tres profesionales en Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero y 19 de voluntarios: Briviesca, Lerma, Medina de Pomar, Belorado, Salas de los Infantes, Santa María del Campo, Castrojeriz, Oña, Torrresandino, Villadiego, Roa, La Puebla de Arganzón, Pradoluengo, Valle de Mena, Huerta de Rey, Sedano, Quintanar de La Sierra, Espinosa de Los Monteros y Valle de Valdebezana.
Con el presente Plan Sectorial se pretende establecer un modelo de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el territorio de la Comunidad de Castilla y León que garantice una respuesta mínima homogénea a los ciudadanos de la Comunidad. El plan contempla la posibilidad de que, respetando la tipología y características de los parques, las administraciones responsables de prestar el servicio puedan presentar alternativas en cuanto a la ubicación de los mismos dentro de cada área de intervención, siempre y cuando se garantice una respuesta homogénea, en el ámbito de competencia de cada administración y con los tiempos de respuesta que contempla el mismo.
Las diputaciones provinciales deben contar con un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento único en el que se integren todos los parques desplegados para el ejercicio de su competencia. Igualmente es relevante que tengan acuerdos con áreas de intervención colindantes de las provincias o comunidades si con ello garantizan la respuesta.
Durante la reunión de hoy también se abordó una cuestión para los alcaldes de suma importancia, el conjunto del personal colaborador de los servicios de prevención y extinción de incendios, figura de reconocimiento y respaldo legal. Esta está regulada expresamente en los artículos 37.2 y 38. 3 y 4 de la ley 4/2007, estando encuadrado ‘ope legis’ dentro de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
Asimismo, se recordó que en el plan se establece que todas las diputaciones tengan parques como mínimo tipo 2. Además de estos parques, que son los profesionales, conforman los servicios de extinción de incendios de las diputaciones los parques 3a y 3b, que son parques de bomberos donde se ubica el personal colaborador, de los servicios de prevención y extinción de incendios, siguiendo lo dispuesto en el artículo 38.4 de la ley 4/2007. Este personal es el que ofrecerá en esos puntos menos vulnerables una primera respuesta, debiendo actuar bajo la coordinación, control y dirección del bombero profesional.
Finalmente, en la reunión mantenida entre los alcaldes, el delegado territorial y la directora de la Agencia de Protección Civil, se recordó que el Plan Sectorial es revisable y que cumpliendo las directrices del mismo podrá ser actualizado a petición de las entidades locales y diputaciones provinciales.