El TSJCyL mantiene la suspensión cautelar sobre la adjudicación de las obras de la zona de bajas emisiones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos y mantiene la suspensión cautelar sobre las adjudicación de las obras de la zona de bajas emisiones por importe de más de 3,5 millones de euros, que el Ayuntamiento de Burgos había suscrito con una empresa para las obras y equipamientos necesarios.

Se trata de una sentencia que dio a conocer hoy la denunciante, la concejal Carolina Blasco, hasta hace ayer portavoz del Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Burgos, quien presentó la denuncia a título personal como concejala y asumiendo sus consecuencias y costes de forma personal. Así, señaló que la sentencia carga contra las actuaciones y alegaciones interpuestas por el equipo de gobierno municipal, señalando expresamente que “no se puede realizar primero la obra y después la Ordenanza que debe indicar la forma de llevarse a cabo este servicio para el que se ejecutan estas obras”.

“La nulidad de la adjudicación es muy manifiesta, por cuanto que previamente tiene que haber una cobertura legal que ampare estas obras, y esta cobertura legal no es sino la correspondiente Ordenanza”, añadió. Blasco se alegró de que la justicia le dé la razón en este pronunciamiento. “Llevo meses denunciando esta situación y que el PSOE utiliza los recursos públicos para su propio interés”, remarcó.

En su sentencia, el TSJ también afirma que “sin Ordenanza las obras adjudicadas no sirven absolutamente para nada, y puede que se apruebe posteriormente una Ordenanza que lleve como consecuencia una modificación total de las obras necesarias para llevarla a cabo, lo que implicaría unos muy elevados gastos al Ayuntamiento para que solo sirviese para causar molestias a los ciudadanos durante la ejecución de las obras”.

Blasco remarcó que siempre ha defendido el interés público de la ciudad frente los intereses de las empresas que sostiene el alcalde Daniel de la Rosa como así corrobora la sentencia cuando señala que “no procede la constitución de caución a costa de la demandante para la defensa de un interés público, y no procede en ningún caso en la cantidad que se solicita por el Ayuntamiento, cuando esta cantidad no viene referida a un interés público, sino al interés particular del adjudicatario”.

Otro de los aspectos importantes de la sentencia que se ha conocido es relativo a la seguridad y salud en las obras, cuando de forma expresa ha señalado que “además, en cuanto a la falta de estudio de seguridad y salud en el Proyecto, es indudable que en el Proyecto falta este estudio”. En este sentido, Blasco destacó que “durante meses, y en todos los escritos presentados, he defendido que no existía ese estudio siendo una obligación legal, mientras que en todos las contestaciones del Ayuntamiento y declaraciones del equipo de gobierno han sostenido que sí lo había, mintiendo descaradamente a los burgaleses”.

Además, el TSJ condena en costas al Ayuntamiento de Burgos por el recurso que interpuso. Para terminar, Carolina Blasco insistió en que “le he pedido muchas veces al alcalde que pare ya este pelotazo tecnológico y que no ocasione más gastos a los burgaleses. He defendido, y lo voy a seguir haciendo, los intereses de la ciudad, por encima de los intereses partidistas y los de las empresas”.

El Ayuntamiento va a recurrir

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno Nuria Barrio, avanzó que esta sentencia va a ser recurrida sin perjuicio, dijo, “que desde el área de Movilidad se está trabajando en la nueva ordenanza porque una de las causas para mantener las medidas cautelares es la falta de normativa de ordenanza municipal”. Así, confió en que desde el área de Movilidad “se pueda dar un impulso a esa ordenanza, que se pueda aprobar muy próximamente, sin perjuicio de que vamos a recurrir la sentencia”.