Adaptar la provincia de Burgos a la nueva normativa de residuos conllevará una inversión de 1,7 millones

La adaptación de la provincia de Burgos a las nuevas normativas de residuos conllevará una inversión de 1,7 millones de euros, según ha señalado este miércoles el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico.

Rico, quien ha presidido una reunión del Consorcio Provincial de Residuos, ha explicado que la Unión Europea ha impuesto criterios "más estrictos" en materia de gestión de residuos que, junto a la normativa de la Junta de Castilla y León, hacen necesaria esta inversión.

En este sentido, ha explicado que todas las entidades con una población inferior a los 50 habitantes deberán proveer a los domicilios de un sistema de compostaje, mientras que en el caso de las localidades de entre 50 y 300 habitantes afrontarán un tratamiento comunitario.

A partir de los 300 residentes, todos los municipios de la provincia deberán dotarse del quinto contenedor, el de color marrón, que irá destinado a una separación selectiva de los residuos orgánicos.

César Rico ha explicado que todos los ayuntamientos que deban disponer de este contenedor tendrán que tenerlo habilitado antes de 2024, en el caso de que tengan una población inferior a los 5.000 habitantes, mientras que las que superen esta cifra tendrán que tenerlo desde este año.

Por eso, ha avanzado que de la inversión prevista, un millón de euros se destinará a la adquisición de nuevos contenedores y unas 40.000 tarjetas que serán necesarias para depositar en su interior los residuos.

A mayores, se adquirirán cuatro nuevos vehículos, se contratará a cinco nuevos conductores y se tendrá que hacer frente al gasto que conllevarán las nuevas rutas por la provincia.