El presidente del TSJ de Castilla y León, contra la amnistía: "Con la Ley en la mano"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha alertado hoy del “desprecio” a la justicia que supone “atribuir a una persona huida de ella la condición de interlocutor político principal”, convirtiéndole, “en árbitro de los destinos de España”.

Unas declaraciones que ha dicho durante su intervención en el acto institucional de apertura del Año Judicial en Castilla y León, en clara alusión a la negociación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont para iniciar una negociación sobre una eventual investidura de Sánchez.

En este contexto, Concepción ha asegurado que el único objetivo de los sediciosos es romper España y, por ende, su Constitución. Ante esta crítica situación, ha dicho, es más necesario que nunca un gran acuerdo de todas las fuerzas constitucionalistas para defender inequívocamente la Constitución y el Estado de Derecho.

Contra el Derecho de Gracia

El presidente del TSJCyL se ha manifestado contrario al Derecho de Gracia ya que se trata de “una reminiscencia de las monarquías absolutas y se compadece mal con un Estado moderno como el nuestro; pero si la manifestación de ese Derecho se efectúa utilizando figuras no previstas en nuestra Norma Suprema, la oposición debe de ser tajante y contundente”. “La única manifestación del Derecho de Gracia que prevé nuestra Constitución es el indulto y éste no puede revestir la forma de indulto general al estar expresamente proscrito y ello porque atenta contra la exclusividad de la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados y contra el Principio de Igualdad ante la Ley”, ha enfatizado.

El magistrado ha aclarado que “la amnistía supone una manifestación suprema del Derecho de Gracia que elimina, no solo alguna de las consecuencias del delito, como hace el indulto, sino la propia existencia del mismo”.

Concepción ha alertado de que “dar a entender a los sediciosos que tenían derecho a hacerlo sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho, dejar al albur de su sola voluntad la repetición de las conductas delictivas que realizaron y, lo que no es baladí, poner en entredicho la labor judicial realizada cuando no consistió sino en la estricta aplicación de la norma promulgada con arreglo a los cauces legales”. “Sería bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra la propia Constitución, y admitir que la respuesta penal que se dio con la Ley en la mano fue injusta”, ha concluido.