La Guardia Civil investiga a una persona por el incendio forestal en Barrios de Colina

La Guardia Civil ha identificado e investigado a J.C.M.C. (63), como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, hecho ocurrido el pasado 18 de febrero, cuando se quemaron 7’66 hectáreas de pino de repoblación, frutales y matorral, en el término municipal de Barrios de Colina.

A las 20:28 horas de aquel día se tuvo constancia de un incendio forestal que, debido al abundante combustible natural acumulado en el monte, permaneció activo durante casi dos horas, y fue controlado y apagado en su totalidad a las 22:20 horas del mismo día, gracias a los servicios de extinción desplazados.

A la vista del primer informe sobre perimetración del terreno afectado por las llamas, emitido por agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el SEPRONA de la Comandancia de Burgos iniciaba una amplia investigación valorándose, además de éste, la información obtenida de la inspección ocular practicada en el lugar y otras averiguaciones y gestiones llevadas a cabo todas ellas por personal de esta Unidad en relación con el incendio.

Se constató la existencia de un único foco, ubicado en un paraje en el que se venían desarrollando labores de desbroce y limpieza de un camino y un arroyo que discurren en paralelo en el fondo de un valle.

Para eliminar los restos vegetales procedentes de esta limpieza, la empresa contratada para dichos trabajos quemó los residuos en una hoguera sin respetar las medidas de prevención elementales; la reproducción del fuego de manera incontrolada, hizo que se propagara por el entorno y avanzara sin control debido en parte al abundante combustible natural.

El responsable ha sido investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Par los que ‘incendiaren montes o masas forestales’, nuestro Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden conllevar prisión de 5 años y multa de 18 meses, que pueden agravarse hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la sede de los Juzgados de la capital.