La Junta alega ante el TS que priorizó la protección a la vida con el adelanto del toque de queda a las ocho

"¡Estoy convencido de que el Supremo nos va a dar la razón, es una decisión que no dudaría en volver a tomar!", ha indicado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respecto del adelanto del toque de queda a las 20.00 horas adoptado en la Comunidad y desde el pasado día 16 de enero y que ha sido recurrido ante el Supremo por el Gobierno de la nación.

Precisamente, este miércoles, 3 de febrero, expiraba el plazo dado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo para que el Ejecutivo regional presentara sus alegaciones a ese recurso, unas alegaciones que el mandatario autonómico ha explicado ante los medios de comunicación y que ha justificado desde el punto de vista sanitario-epidemiológico, social y jurídico, y todo ello, como así ha reiterado a lo largo de su intervención, con el único objetivo de "proteger la vida y la salud de los ciudadanos y causar el menor daño posible a la economía regional".

Fernández Mañueco, ha insistido en que sea cual sea la resolución del Supremo, que en caso contrario aplicarían de inmediato, no dudaría en volver a adoptar esa decisión porque "salvar vidas siempre merece la pena, proteger el sistema público hospitalario siempre merece la pena, estar al lado de los que se ponen en primera línea siempre merece la pena".

En este sentido, el presidente castellanoleonés se ha mostrado igualmente convencido de que ese adelanto del toque de queda a las 20.00 horas ha sido "crucial, esencial" en la bajada de la incidencia de la pandemia que a mediados de enero "estaba desbocada y dibujaba una subida en pared" y que gracias a dicha medida ha visto reducir la incidencia en un 9 por ciento a siete días desde el día 16 de enero y del 147 al 11 por ciento en cuanto a la tasa de incidencia intersemanal.

Sin embargo, Fernández Mañueco ha explicado que la medida, tomada por él, no ha sido unilateral sino debidamente pensada tras consultar y escuchar a los expertos, los miembros del Consejo de Gobierno, los grupos políticos, los principales ayuntamientos y diputaciones y los representantes económicos de la Comunidad.