El PP pide actuar simultáneamente en los tres tramos pendientes de la A-12 con colaboración público-privada

Los senadores del PP por Burgos, Javier Lacalle y Cristina Ayala, pidieron hoy en Ibeas de Juarros (Burgos) al Gobierno de España que se actúe de forma “simultánea” en los tres tramos pendientes de la Autovía del Camino de Santiago (A-12), entre La Rioja y Burgos. Para ello defienden una actuación de colaboración público-privada, que permita finalizar en un “corto plazo” los tres tramos a la vez, puesto que temen que los proyectos de los tramos donde aún no se han iniciado las obras puedan “caducar”.

Ambos senadores burgaleses mantuvieron hoy una reunión en el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros con los alcaldes de los ayuntamientos populares situados en la futura A-12 Camino de Santiago. Según adelantaron esta será la primera de varias reuniones que pretenden mantener, y durante la cual plantearon la hoja de ruta de todas las iniciativas que van a llevar a cabo tanto a nivel nacional, comarcal, provincial y local.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Lacalle explicó que desde el PP consideran “prioritario” finalizar los tres tramos pendientes. En este sentido, y haciendo referencia al tramo que va desde Ibeas hasta Villafranca Montes de Oca, el senador apuntó que es la “prioridad número uno” desde el punto de vista de la seguridad vial.

Por ello, consideran “fundamental” una actuación de colaboración público-privada para llevar a cabo estos trabajos, y afirmó que pese a lo que votó el PSOE en el Senado, algunas de las últimas indicaciones de este partido señalan que “hay soluciones que están abiertas”.

“O se actúa de forma conjunta en los tres tramos que quedan o estaremos hablando de la no finalización de la autovía del Camino de Santiago hasta dentro de 20 o 30 años”, enfatizó el senador, asegurando que pedirán “expresamente” esta forma de colaboración público-privada, con el objetivo de que el Gobierno “no se cierre en banda” y permita poder actuar en los aproximadamente 50 kilómetros que quedan por concluir para poder ir desde Burgos a Logroño pro una vía de gran capacidad.

En este sentido, Lacalle explicó que pedirán que pueda haber empresas que opten a ejecutar esas obras, y que lo pueden hacer “con unos niveles de retorno razonables”. "Si el ministerio se empeña en poner un 2 o 2,5 por ciento será imposible que se puedan acometer esas obra porque no va a haber licitadores”, aseguró. Por ello, pedirán que se lleve a cabo un estudio económico que permita poder optar a las empresas, y que pueda ser “rentable dentro de unos términos razonables” para las mismas.

“La colaboración público-privada permite actuar simultáneamente en todos los tramos”, defendió, afirmando que permitiría que en un plazo de un año o año y medio “podrían comenzar las obras y ejecutarse en corto plazo”.

Asimismo, indicó que desde el PP se mantendrán reuniones periódicas, con el fin de hacer un seguimiento de la situación de la A-12, presentarán en el Senado una Proposición No de Ley (PNL) con este fin, para que haya también un pronunciamiento de otras administraciones, como pueden ser Diputación o Junta de Castilla y León. También, tal y como adelantó Lacalle, pedirán una reunión con el nuevo equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y con la Secretaría del Estado, para conocer cuál será el cronograma de actuaciones en los próximos años.

Caducidad de los proyectos

El senador Lacalle recordó además que las obras en el único tramo que se están realizando ahora mismo, que corresponden al tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río, se iniciaron con un año de retraso y están ejecutadas entre un 10 y un 12 por ciento. “Tenemos obras para rato”, afirmó al respecto. Al hilo de esto denunció también el desconocimiento sobre los otros dos tramos, asegurando que les preocupa que caduquen los proyectos en estos otros dos tramos, como ha ocurrido con algunos tramos de la A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo y la autovía del Duero. “Si caducan implicaría tener que actualizar proyectos y sacar una nueva declaración de impacto ambiental”, criticó.

“Los plazos son por cuatro años para el inicio de las obras, no para la licitación. Andamos muy justos. Hoy hay un problema, pero dentro de un año puede ser más gordo”, recordó el senador ‘popular’.