Polémica en Burgos por la incineradora de Cortes: denuncian ilegalidad, falta de transparencia y riesgos para la salud

El Ayuntamiento de Burgos planea instalar una incineradora de residuos urbanos en Cortes, una medida que ha generado una fuerte oposición entre vecinos y grupos ecologistas. El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha presentado una denuncia ante el Procurador del Común alegando que el proyecto incumple la legislación, carece de transparencia y supone un riesgo para la salud de la población.

Según el PCAS-TC, la incineradora tendrá un coste superior a los 50 millones de euros y su puesta en marcha supondrá un retroceso en la gestión de residuos urbanos en Burgos. Argumentan que el Ayuntamiento no está cumpliendo con los principios de la Economía Circular, ya que no fomenta la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, sino que opta por una solución más contaminante y menos sostenible.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

Uno de los principales motivos de oposición es el impacto medioambiental y sanitario. La incineración de residuos genera emisiones tóxicas, como monóxido de carbono, óxidos de azufre, metales pesados como mercurio y cadmio, y compuestos peligrosos como dioxinas y furanos. Estas sustancias pueden afectar gravemente a la calidad del aire en Burgos y su entorno, perjudicando a barrios cercanos como Cortes, así como a localidades próximas como Cardeñadijo y Cardeñajimeno.

Además, el PCAS-TC denuncia que la ubicación de la incineradora incumple la distancia de seguridad ambiental mínima de 2.000 metros exigida para instalaciones potencialmente peligrosas.

Falta de transparencia y rechazo vecinal

El PCAS-TC también critica la falta de información por parte del Ayuntamiento, acusándolo de ocultar datos sobre el impacto real del proyecto. Según la formación castellanista, la ciudadanía no ha recibido memorias ni informes detallados sobre la gestión de los residuos urbanos y las alternativas viables.

El rechazo a la incineradora también se ha hecho sentir en la sociedad civil. Más de 200 vecinos han presentado alegaciones contra la modificación de la autorización ambiental de la planta. Además, se ha creado la Plataforma 'Burgos sin incineradora', que cuenta con el respaldo del PCAS-TC y otras organizaciones.

Una gestión de residuos cuestionada

El PCAS-TC también señala el fracaso de la gestión de residuos en Burgos. Argumentan que el Ayuntamiento no ha logrado reducir la producción de basuras y que la planta de biogás, que costó decenas de millones de euros, sigue paralizada. A esto se suma que la ciudad sigue enviando cerca de 50.000 toneladas de basura al vertedero de Abajas, incumpliendo la legislación española y europea y acumulando sanciones por ello.

Desde el PCAS-TC defienden que la solución pasa por una política de "Residuo Cero", basada en la educación ambiental, la mejora del reciclaje y el fomento de la reutilización de materiales. Consideran que destinar tantos recursos municipales a la incineración va en contra de los objetivos de sostenibilidad y de la Transición Verde Europea.

Mientras el debate sigue abierto, la oposición a la incineradora de Cortes crece, con colectivos ciudadanos y partidos políticos exigiendo transparencia y un modelo de gestión de residuos más respetuoso con el medio ambiente y la salud de los burgaleses.