Denuncian irregularidades de la adjudicataria y el Ayuntamiento de Ponferrada en la huelga de basura

El comité de huelga del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Ponferrada, que cumple este viernes la quinta jornada de paro, ha denunciado rregularidades de la empresa adjudicataria, FCC, y del Ayuntamiento de la capital berciana, a los que acusa de “esquirolaje tanto interno como externo, ambas prácticas prohibidas por la ley”.

Consideran que el Consistorio destina recursos de todos los vecinos para proteger los intereses de la compañía, dado que trabajadores de parques y jardines están siendo enviados a barrer calles y plazas. Aseguran que se ha contratado en fechas recientes a 12 personas que ahora hacen funciones propias de la adjudicataria del servicio de recogida de limpieza y basura.

La propia empresa, añaden, ordena a empleados de una contrata tareas prohibidas en su contrato y un técnico del ayuntamiento encargado de vigilar el cumplimiento del mismo acompaña esas labores, “algo que además de ser ilegal es completamente inmoral”.

Por otro lado, afirman que la empresa sigue negando el acceso a los miembros del comité de huelga y delegados de seguridad y salud a las instalaciones para comprobar el correcto funcionamiento de los vehículos, en uno de los cuales se ha detectado daños severos en un eje y advierten de que se denunciará penalmente a cualquiera que obligue a neutralizar o ignorar los sistemas de seguridad de los vehículos.

La plantilla de FCC, añaden, “ha demostrado gran paciencia y responsabilidad en el desarrollo de la huelga, pero todo tiene un límite, y ante las prácticas irregulares de la empresa apoyadas desde el propio ayuntamiento, tomará las medidas que considere adecuadas en la defensa de su derecho a la huelga y a un convenio digno”.

Las secciones sindicales de CGT y UGT en LM Wind Power Ponferrada hicieron público su total e incondicional apoyo a la plantilla declarada en huelga indefinida y mostraron su “absoluta solidaridad” con los trabajadores al considerar que defienden “unos derechos justos y legítimos”.