Promueven una campaña masiva de alegaciones contra la ordenanza de la zona de bajas emisiones de Ponferrada

La Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (Avarm) promueve una campaña de envío masivo de alegaciones a la consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Ponferrada. El colectivo denuncia que el documento no detalla las calles que constituyen el perímetro de la ZBE, un defecto que califican de “muy grave”, ya que impide evaluar el impacto de la medida, aseguran.

Al respecto, solicitan que la actual consulta pública se declare nula y que se ponga en marcha una nueva “aportando toda la información necesaria para evaluar el proyecto”. “El Ayuntamiento debería poner a disposición de los ciudadanos por la vía electrónica todos los documentos que integran el expediente para que puedan ser consultados y se puedan formular alegaciones”, insistieron.

En ese sentido, Avarm exige conocer los datos de estaciones de medición que indiquen una mala calidad de aire en el municipio y recuerda que un estudio de 2021 indicó que Ponferrada era una de las ciudades de Europa con menos nivel de contaminación por dióxido de nitrógeno. Igualmente, echan en falta datos sobre los distintivos medioambientales de los más de 46.000 vehículos que integran el parque automovilístico de la ciudad. Según Avarm, casi el 40 por ciento de ellos carecen de este distintivo.

Al respecto, el colectivo critica la “discriminación” respecto a los criterios de acceso y circulación “en función de la antigüedad del vehículo” y reclama que la ZBE se circunscriba a “las zonas ya peatonalizadas en la ciudad”, manteniendo los permisos de circulación actuales. “Consideramos que la propuesta de abonos de acceso de pago supone un peaje encubierto que afecta especialmente a las personas con menor renta económica”, insistieron.

De igual modo, la asociación critica el “alto coste” que tendrá para el Ayuntamiento la implantación de redes, programas informáticos y sistemas de control mediante cámaras asociados a la ZBE. “Aún recibiendo ayudas del Estado, tendrán que incrementar las multas e impuestos para cubrir los costes de mantenimiento”, apuntaron. En esa línea, recuerda que la última reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial prevé sanciones de hasta 200 euros a los que incumplan la normativa.