Se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley que reguló la creación de la comarca del Bierzo

En este mes de marzo, se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley 1/1991, la norma que reguló la creación de la comarca del Bierzo, la única reconocida como tal en la comunidad autónoma. “El Gobierno regional, en suma, se halla habilitado formal y materialmente en su pretensión de dar una investidura político-administrativa al Bierzo, reconociendo su carácter de entidad local con personalidad jurídica propia, lo que se lleva a cabo con el presente texto articulado”, reza un texto que pocos meses después permitió la puesta en marcha del Consejo Comarcal, el organismo que representa a todos los bercianos.

Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo comarcal, repasa en Cope las luces y sombras del camino de la comarcalización con “peticiones que todavía siguen en pie” 30 años después.

El nacimiento de la Ley de la Comarca estuvo marcado por la falta de consenso y diálogo, tanto con los grupos políticos en las Cortes como con los ayuntamientos bercianos. La creación de la comarca había sido una promesa electoral del entonces candidato de Alianza Popular (AP) a la presidencia de la Junta, José María Aznar, durante la campaña electoral de 1987. Durante su etapa al frente del Gobierno autonómico se presentó el primer anteproyecto de texto, que acabó retirándose ante la previsible falta de apoyo parlamentario. Tras el salto de Aznar a la política nacional, en septiembre de 1989, fue el Ejecutivo presidido por Jesús Posada el encargado de sacar adelante el reconocimiento legal de la singularidad berciana.

El texto sumó el 8 de marzo de 1991 el respaldo del PP y del Centro Democrático y Social (CDS) y seis días después el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicaba la norma en sus páginas.

Dos meses después, el 22 de mayo de ese año, se celebraron las elecciones municipales que sirvieron para configurar la primera corporación comarcal, integrada entonces por un total de 51 consejeros, con sólo tres mujeres. El 11 de julio el Ayuntamiento de Ponferrada acogió la sesión constitutiva del Consejo Comarcal del Bierzo, bajo la primera presidencia del socialista Francisco Alfonso. Nueve meses más tarde, en el mes de abril, Alfonso dimitió de su cargo, que quedó en manos de Rita Prada, la única mujer que ha presidido la institución en estos 30 años.

En aquella etapa inicial llegaron los “primeros éxitos” como la cesión de la competencia que permitió crear el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).

Muchas de las reivindicaciones surgidas con Rita Prada al frente del Consejo se mantengan vigentes, como la necesidad de mejorar la financiación del ente comarcal y de aumentar sus competencias para convertirlo en “la verdadera institución administrativa de la comarca” lo que permitiría a los bercianos tener como referencia a “una sola institución, más viable económicamente y con una financiación decente”.

Tras la presidencia de Prada, los siguientes mandatarios en el Consejo Comarcal fueron los también socialistas Jesús Esteban, Ricardo González Saavedra y José Luis Ramón, al que sucedió Alfonso Arias, el único presidente del PP a lo largo de 30 años. Por el camino, el ente comarcal incorporó al municipio de Palacios del Sil y consiguió que las Cortes aprobaran, en 2010, una modificación de la Ley de la Comarca con un nuevo sistema electoral que limitaba el número de representantes a 27 miembros. En 2015, la institución volvió a manos del PSOE, con Gerardo Álvarez Courel al frente. Cuatro años más tarde, el actual presidente se convirtió en el primero en repetir mandato.

Álvarez Courel reconoce que la autofinanciación de la institución a través de la recaudación de tasas e impuestos sigue siendo uno de los principales objetivos, ya que “si gestionas tus propios ingresos gozas de mayor autonomía”. El ente debe ser “una administración cercana a la ciudadanía y a los ayuntamientos, pero también potente”. En ese sentido, señala que la gestión comarcal de la recogida de basuras podría ser otra vía para disponer de ingresos, después de que la Junta accediera a considerar a la comarca como una unidad a la hora de crear servicios mancomunados.

Estas medidas, señala Álvarez Courel, permitirían solventar un “déficit histórico” del Consejo, como es la visibilidad de su labor entre la ciudadanía. “Aún hay gente que no sabe para qué sirve la institución, con un escudo en el camión de la basura o en los recibos del IBI o del impuesto de vehículos, la gente sabría qué hace el Consejo y sería más fácil justificar la necesidad de que esté ahí”, explica el presidente, que destaca también la labor que se presta en ámbitos como la atención a menores y a drogodependientes o los servicios de empleo que dependen del Consejo. “Son competencias que han ido pasando siempre con una cierta tutela por parte de la administración que las delegaba”, señala.

Al respecto, el presidente recuerda que “el Consejo Comarcal nace como una agrupación de municipios para gestionar competencias desde las administraciones superiores, pero también desde los ayuntamientos”, a los que reprocha no haberse implicado más con la comarca. Según Álvarez Courel, los motivos de esa inhibición tendrían que ver con que los municipios “tienen miedo de que los servicios que ellos prestan no mantengan la calidad si los presta otra administración” y con un hipotético aumento en el gasto destinado a ese servicio concreto. “Si los ayuntamientos nos ceden competencias, no debe implicarles incremento de coste”, subraya el presidente comarcal, que lamenta que en estas tres décadas los municipios sólo hayan delegado al ente las competencias necesarias para la puesta en marcha del Parque Micológico del Bierzo.

Respecto a la sede, otro de los problemas que el Consejo arrastra 30 años después, Álvarez Courel valora la “disposición” de la Junta a habilitar financiación para los estudios y proyectos una vez el ente comarcal disponga de los terrenos adecuados. “No los veo cerrados en banda como en el mandato anterior”, valora el presidente comarcal, que señala que la institución berciana se mantiene a la espera del acuerdo que alcancen el Ayuntamiento de Ponferrada y el Ejecutivo autonómico respecto al solar entre las avenidas de la Libertad y de la Lealtad, uno de los espacios que se baraja como emplazamiento para la sede y para un centro de especialidades médicas. “Necesitamos un edificio que nos permita dar una atención y unos servicios de calidad”, remarca Álvarez Courel, que recuerda que el actual edificio en el que se ubican las oficinas del Consejo carece de un salón de plenos y adolece de problemas de accesibilidad en algunas de sus dependencias.