La Justicia en Castilla y León se ahoga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige a la Junta de Castilla y León que “empiece a asumir responsabilidades en materia de justicia” y adopte un gran pacto por la Justicia, mediante el que se cree el Consejo de Justicia, una figura recogida en el Artículo 42 del Estatuto de Autonomía y que “tiene que ser el órgano que permita que la justicia en Castilla y León se desarrolle”, al tiempo que suponga “un impulsor de iniciativas y un órgano consultivo”. También solicitaron al Gobierno Autonómico que urja al Ministerio de Justicia a que dote de los medios necesarios a la Comunidad para que los ciudadanos “reciban un servicio público de calidad”.

Así lo trasladó hoy en León el responsable autonómico de CSIF Justicia en Castilla y León, Juanjo Banciella, quien explicó que la justicia cuenta con “grandes carencias” en la Comunidad Autónoma, entre las que resaltó la falta de, al menos, 22 órganos en todo el territorio, a pesar de ser “muy importantes para los ciudadanos”, ya que son Juzgados de Familia, de los que se necesitan en Ponferrada o Valladolid, así como Juzgados de Violencia sobre la Mujer en León y otros partidos judiciales o Juzgados de Primera Instancia en todas las provincias.

Esta falta de 22 órganos judiciales supone un déficit de plantilla de aproximadamente 300 personas en todo Castilla y León “sobre una plantilla orgánica de 2.800 personas”, lo que supone una carencia del diez por ciento de la plantilla. También expuso la falta de equipos psicosociales, algo “fundamental en la labor de los Juzgados de Familia”, ya que “son los que se encargan de acomodar los procesos de divorcio y de que los menores se sientan acogidos”.

“La Justicia en Castilla y León se encuentra en una situación de ahogo continuo”, denunció el responsable autonómico de CSIF Justicia, quien trasladó que el año 2023 se inició con 130.000 asuntos pendientes de tramitar en los juzgados y terminó con más de 161.000, lo que supuso un incremento de un 24 por ciento.

Respecto a la tasa de resolución, es decir, “el número de asuntos que salen del juzgado dividido entre el número que entra”, esta creció en un siete por ciento hasta situarse en un 0,9, lo que quiere decir que “un diez por ciento de las peticiones que hacen los ciudadanos a los juzgados se están quedando sin resolver”. También calificó de “malo” el dato de la tasa de congestión, que creció hasta el 1,61 por ciento.

Nueva Ley tribunales de instancia

En un ámbito más global, el presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, puso en valor el acuerdo retributivo firmado recientemente con el Ministerio de Justicia para las comunidades autónomas cuya gestión no está transferida, respecto al que señaló que “se está trabajando para que se extienda al resto”.

También aludió al conflicto de la administración de justicia iniciado el pasado año, respecto al que trasladó que “sigue vigente en la parte que afecta a los destinos, el nuevo modelo de justicia y las funciones”. En este sentido, le reclamó al Ministerio que abra el debate para abordar la clarificación y redistribución de las funciones y de los perfiles profesionales, así como que la ley que se va a implantar en los tribunales de instancia “respete las condiciones laborales de todos los empleados públicos de justicia”.

Una ley que, para Jordán, “tal y como está redactada, amenaza directamente las condiciones de trabajo”, algo que el sindicato “no está dispuesto a aceptar”, por lo que “la negociación no está yendo por el camino adecuado”. Será este miércoles cuando se produzca una nueva reunión entre las partes implicadas para avanzar en las negociaciones.