Un funcionario de León denuncia al Ayuntamiento y recibe 150.000 de indemnización: por exceso de trabajo

El Ayuntamiento de León ha sido condenado a pagar una indemnización de 150.000 euros a un funcionario que, desde 2014, sufrió una sobrecarga laboral al asumir las funciones de tres personas sin recibir refuerzo alguno. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de León, ha dado la razón a Herminio Turrado, un abogado de 64 años que ha librado una dura batalla judicial para ver reconocido el perjuicio sufrido tras casi una década de trabajo desbordante.

La falta de reposición de las plazas vacantes en el departamento jurídico del Ayuntamiento agravó la situación de forma progresiva. Inicialmente, el equipo estaba formado por tres letrados, pero con el paso del tiempo, dos de ellos fueron dejando sus puestos sin que el consistorio tomara medidas efectivas para sustituirlos. Uno de los letrados causó baja médica por incapacidad temporal en 2014, que más tarde derivó en una incapacidad permanente antes de su fallecimiento. El otro compañero, entre 2016 y 2019, también tuvo que acogerse a una baja por motivos de salud y, posteriormente, pasó a ocupar un puesto en servicios especiales.

El resultado fue que Herminio Turrado terminó asumiendo la carga laboral de tres personas, sin recibir apoyo ni reconocimiento alguno por parte de sus superiores. Esta situación le provocó un profundo desgaste físico y mental, llevándolo a solicitar una baja médica en 2020. Paradójicamente, esta ausencia temporal de solo dos meses fue lo que obligó al Ayuntamiento a reaccionar, ya que al quedarse sin ningún letrado activo, se vieron forzados a contratar, de manera apresurada, a dos abogados interinos para suplir las funciones legales del consistorio.

La sentencia reconoce la pasividad del Ayuntamiento

El fallo judicial señala que el Ayuntamiento de León fue responsable directo de la situación lesiva, ya que, a pesar de ser plenamente consciente del problema, no tomó las medidas necesarias para evitarlo. La sentencia subraya que el consistorio ignoró durante años las peticiones de refuerzo de personal realizadas por Turrado, quien llegó a representar su propia causa ante el tribunal.

En palabras del afectado, recogidas por El País: “Aunque solo falté dos meses, ese fue el detonante para que el Ayuntamiento actuara, porque de un día para otro se encontraron sin asistencia jurídica y solo entonces contrataron a dos letrados interinos”. Este testimonio refleja la inacción de la administración, que solo respondió cuando la ausencia total de personal jurídico paralizó su actividad legal.

Los magistrados fueron claros al dictar sentencia: la falta de respuesta del Ayuntamiento constituye un caso evidente de mobbing y una violación de los derechos fundamentales del trabajador, dado que no se respetaron las normas básicas de prevención de riesgos laborales. Además, remarcaron que esta desidia administrativa afectó directamente a la salud de Turrado, que terminó agotado física y psicológicamente.

Indemnización y posibilidad de recurso

La sentencia, identificada como 00140/2024, condena al consistorio leonés a indemnizar a Turrado con 149.858,34 euros por daños y perjuicios derivados del exceso de trabajo. Esta cantidad deberá actualizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. La resolución también recalca que la indemnización no incluye costas judiciales, lo que deja abierta la puerta a futuros litigios si el Ayuntamiento decide continuar con el proceso legal.

El consistorio tiene ahora la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En caso de recurrir, el procedimiento podría prolongarse varios meses más, retrasando el cierre definitivo de este conflicto laboral. Mientras tanto, este caso ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales en las administraciones públicas, poniendo sobre la mesa la necesidad urgente de garantizar plantillas adecuadas que protejan la salud y el bienestar de sus trabajadores.

El caso de Herminio Turrado ha sido acogido por muchos como un símbolo de las consecuencias que puede tener la falta de planificación y gestión de recursos humanos en las instituciones públicas. Organizaciones sindicales y expertos en derecho laboral advierten que esta situación no es un caso aislado, sino un reflejo de una problemática extendida en muchos ayuntamientos y administraciones, donde la falta de reposición de personal agrava las cargas de trabajo de quienes permanecen en sus puestos.