Un octogenario palentino lleva 9 meses de espera para recuperar su vivienda ocupada

Félix Pollos es un palentino de 85 años que depositó todos sus ahorros en un piso para reformar y alquilar que le ayudase a completar su pensión. Esa casa, desde septiembre, junto con otras tres del mismo edificio en la Plaza España de Palencia, están okupadas. Su legitimo propietario sigue esperando el desalojo.

“A primeros de agosto nos informaron a los ocho propietarios que componemos el inmueble que por la noche habían visto luces de linternas. Habían ya entrado en tres edificios. El mío estaba mejor protegido, así que lo desecharon. Parecían gente necesitada, con niños. Hablé con ellos y me dijeron que no les quedaba más remedo, y que con esos tres pisos habían cubierto sus necesidades y el mío lo iban a respetar. Desde entonces, pasaba todos los días para evitar que entrasen, hasta que llegaron las fiestas de Palencia, ya en septiembre. Cuando volví tras unos días, el piso estaba okupado. Llevan 9 meses y no tengo ninguna noticia del juzgado. He llegado a hablar con ellos otra vez y me han dicho que ellos no se mueven hasta que les desalojen, y que si se les echa, piensan destrozarlo todo”, declara a COPE este pensionista.

Hoy en el Congreso de los Diputados se aprueba el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pactado por el Gobierno con ERC y EH Bildu. Una normativa que pretende limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas y cambia el concepto de grandes tenedores a los propietarios con 5 viviendas.

Otra de las claves, quizá la más polémica, tiene que ver con la okupación. A partir de ahora, el propietario que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá "certificar" si es o no un gran tenedor y si los okupas emplean el inmueble como vivienda habitual.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora. En caso de ser considerado gran tenedor, se le cancelarán todos los procesos si no certifica primero que ha intentado conciliar con los infractores, si estos son considerados vulnerables. Para este pensionista, un quebradero de cabeza más y alega que “hay herramientas jurídicas en este momento que permiten poderles echar. Solo hay que aplicarlas y agilizar trámites. En otros sitios de la Comunidad Europea en 12-24 horas se les desaloja, excepto en España, donde las leyes se hacen para beneficiarse de un sector que puede darles votos. No miran que sean unas leyes para impartir justicia”, denuncia.

Este hombre, a sus 85 años, relata otras épocas en las que también había problemas de vivienda. “En la posguerra se construyeron pisos que aún siguen en pie. Inmuebles de protección oficial, qué trabajadores muy humildes podían, con una cuota fija y asequible, pagar en dos o tres décadas. Ahora son suyos y pueden incluso dejárselos como herencia a sus hijos. Lo que se está haciendo ahora es dar viviendas sociales, que lo único que hace es depender toda la vida del estado”, afirma a la espera de poder recuperar su casa.

Más allá de la propia okupación, este octogenario asegura que le están directamente robando. "Están enganchados a una luz que pago yo, igual que el IBI y la hipoteca, como buenamente puedo. No vale de nada que me ponga en la calle con una pancarta a protestar, solo puedo esperar a que el juzgado se mueva y la policía pueda actuar", concluye contrariado.