La jornada laboral de 37,5 horas rematará a los autónomos

El Consejo de Ministros pensaba aprobar la jornada laboral de 37,5horas el pasado martes 29 de abril, pero el apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica ha obligado a aplazar esta medida al próximo martes 6 de mayo.

Actualmente, los trabajadores de Salamanca realizan una media de 38,6 horas semanales, en función del convenio colectivo que rija su actividad.

De forma general, el tope de horas semanales está establecido en la actualidad en 40 horas semanales, pero cuando se apruebe la norma los trabajadores verán reducida su jornada laboral en media hora cada día hasta un tope de 37 horas y media. Fuera de este tiempo, las horas trabajadas serán consideradas como extraordinarias.

El origen de este cambio se remonta al 25 de enero de 2024 cuando comenzaron las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para llegar a un acuerdo que finalmente no acaba de convencer a la mayoría de los empresarios.

Repercusiones en el tejido productivo salmantino  

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Salamanca Antonio Flórez, lamenta que desde el Gobierno no se haya tenido en cuenta la situación real de las empresas y especialmente de las más pequeñas, que se encuentran en una situación muy delicada.

En declaraciones a COPE Salamanca explica que el empresario "tendrá que asumir una reducción de la competitividad. También se reducirá la producción así como la rentabilidad porque subirán los costes en general, lo que afectará también al empleo".

Se da la circunstancia de que Flórez es también secretario de AESCO, la Asociación de Comerciantes de Salamanca.

perjudicara al comercio 

En este sentido, argumenta que dicho "sector clave de la economía salmantina, se verá también especialmente perjudicado". Cabe destacar que un empresario tipo del comercio salmantino, es autónomo y dedica entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos a contratar personal.

De modo que si hay que pagar horas extraordinarias a los trabajadores y el titular del negocio ("que por cierto también tiene derecho a conciliar vida familiar y laboral" dice Flórez) no puede asumir dicho gasto, se podría plantear recortar el horario de atención al público, que ahora es de 45 horas semanales.

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Verónica Martín

Todo, en un escenario en el que las empresas salmantinas no están preparadas para situaciones extremas como los apagones de suministro eléctrico, mientras los consumidores han cambiado en su mayoría el pago en metálico, por el formato digital.

"Tampoco creo que estemos preparados para una digitalización total de los negocios como plantea la administración, en cuanto a control horario, facturación electrónica, etcétera. De modo que creo que deberían tomarse las decisiones desde un punto de vista racional".

 ¿Cuándo entra en vigor ?  

Una vez aprobada la medida en el Consejo de Ministros el martes próximo, la norma se trasladará al Congreso de los Diputados, donde deberá ser ratificada por mayoría de los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, éstos podrían presentar enmiendas que pospongan su aprobación definitiva. Pero todo apunta a que antes de fin del verano de 2025, según los plazos que baraja el Gobierno Central, estará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una vez publicado, las empresas tendrán de margen hasta el 31 de diciembre de este año para adaptar sus plantillas a la jornada máxima permitida de 37,5 horas.

desconexion digital y sanciones

Para ello, deberán adoptar un sistema digital de registro horario accesible tanto para los empleados como para la Inspección de Trabajo y los sindicatos. 

Cada trabajador registrará de forma personal la hora de entrada y salida, así como las interrupciones que afecten al cómputo total de la jornada laboral.

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios han pactado además un acuerdo de obligado cumplimiento para todos los trabajadores, por el que la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo y éste tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de clientes de la empresa.

En caso de cometerse infracciones relacionadas con el incumplimiento de la nueva norma, éstas podrán ser sancionadas con multas de hasta 10.000 euros.