La operación 'Adelita' desarticula una red que explotaba sudamericanos simulando caridad

La operación 'Adelita', que ha desarrollado la Guardia Civil, ha significado la desarticulación de un grupo criminal dedicado a distribuir a las víctimas, ciudadanos sudamericanos, como empleadas internas de hogar o en trabajos agrícolas, sin darles de alta en la Seguridad Social y sin contrato. Hay ocho detenidos a los que se les acusa de delitos de estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Se ha identificado a unas 400 víctimas, pero la cifra podría rebasar el millar. Una mujer chilena lideraba esta trama, que había constituido una asociación para blanquear esa colocación de personas, aparentando una labor caritativa, como ha explicado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.

La operación 'Adelita' ha supuesto ocho detenciones y dos registros domiciliarios para desarticular una red criminal que hacía llegar a España a ciudadanos extranjeros, fundamentalmente sudamericanos. Con la apariencia de una asociación dedicada a favorecer a estas personas, los empleaban. En la mayoría de los casos como internos del hogar o como trabajadores del campo, en una situación de irregularidad total.

Además, por esas gestiones les hacían abonar a la organización cantidades que oscilaban entre los 200 y los 500 euros. Su situación de vulnerabilidad les disuadía de interponer denuncias. Mientras, las familias que los acogían, en muchos casos lo hacían de buena fe, creyendo que contribuían a la supuesta labor caritativa de la asociación que maquillaba todo el entramado, como ha remarcado el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, teniente coronel José Luis Ramírez.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2017, aunque las detenciones se han concentrado en los dos últimos meses, alcanzando las provincias de Huelva y Madrid, además de la segoviana.

Una provincia, la nuestra, que sigue apareciendo como un territorio muy seguro, dentro del buen panorama general que muestra el país. Así lo ha destacado la delegada el Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, basándose en la tasas de infracciones penales, tras conocerse los datos correspondientes al primer trimestre del año.

Martín ha lamentado que la Guardia Civil aún arrastre un déficit de personal y ha afirmado que en Segovia había, en 2018, casi un 13% menos de agentes que en 2012. Pese a situación, la labor del Instituto Armado y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado es encomiable, según la delegada del Gobierno en la región, puesto que un 45'3% de los delitos cometidos en la provincia se esclarecen.

Y tras las recientes detenciones en la región relacionadas con la explotación sexual de mujeres, la delegada del Gobierno ha descartado que haya un repunte de esa actividad. En cambio, ha identificado la situación con un trabajo policial más intenso y eficaz.