El juicio a la cúpula de Caja Segovia depende de si el tribunal mantiene a la fundación como perjudicada
Un auto resolverá las cuestiones previas: determinará si las prejubilaciones perjudicaron a la entidad heredera y sigue como acusación particular
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia podría no celebrarse. Todo depende del auto que emitirá el tribunal y en el que determinará si se sigue considerando a la Fundación Caja Segovia como acusación particular o no.
La jornada inaugural ha servido para exponer las cuestiones previas. Las defensas han coincidido en reclamar que la fundación deje de serlo. Argumentan que las prejubilaciones no perjudicaron a esa entidad y que lo que heredó fue la obra social, sin tener relación alguna con el negocio financiero, que pasó al Banco Financiero y de Ahorro -el BFA- y posteriormente a Bankia. Y ni este banco ni el FROB han mostrado disconformidad con el plan de prejubilaciones, dándole carta de naturaleza, según esas tesis. De triunfar sus postulados, y dado que la Fiscalía no acusa en esta causa, la aplicación de la doctrina Botín significaría el sobreseimiento y archivo.
Pase lo que pase nada ha evitado que hoy se sentase en el banquillo de los acusados parte de la cúpula de la Caja, con su expresidente Atilano Soto al frente, que a su llegada al juzgado, mostraba confianza en la justicia.
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Junto a él Manuel Agudíez, Manuel Escribano, Elena García Gil, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla. Se enfrentan a delitos de administración desleal y apropiación indebida. Además, la asegura Cáser, que suscribió las pólizas de las prejubilaciones está señalada como responsable civil directo, mientras que los partícipes a título lucrativo, es decir, los beneficiarios de esas cantidades, son Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado, todos exdirectivos de la Caja.
Luis Rodríguez Ramos encabeza el despacho que representa a varios de los acusados, como Soto, Escribano y Agudíez. Ha ido más allá, asegurando que no hay ilícitos, que todo se hizo de acuerdo a Derecho.
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Rodríguez Ramos también recalcaba lo que significaría poder aplicar la doctrina Botín en este caso.
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Se espera que el auto para resolver las cuestiones previas se emita antes del 5 de febrero. De hecho, podría estar listo en una semana. El abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, ha confiado en que no se atiendan las reclamaciones y el tribunal mantenga a la entidad como acusación particular, remarcando que sí fue perjudicada por aquellas decisiones, pues que se usaron unas cantidades de las que podría haber dispuesto posteriormente.
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Esta causa ha vivido diversas vicisitudes. Por un lado está la posición inamovible de la Fiscalía, de no formular acusación. Izquierda Unida, junto a la Confederación Intersindical de Cajas, actúa como acusación popular y el letrado de la coalición de izquierdas, Alberto López Villa, ha vuelto a afear hoy al Ministerio Público esa decisión, lo que ha generado la respuesta airada del Fiscal Provincial, Antonio Silva. Además, el titular del juzgado número 2, que siguió las diligencias previas, decidió el archivo de la causa, que retomó la Audiencia Provincial. Por eso, Luis Rodríguez Ramos ha indicado que los casos son procesos vivos.
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Así pues, todo depende del auto que emita el tribunal presidido por José Miguel García, para que se archive la causa o se proceda a la presentación de pruebas y testimonios.