La Audiencia de Barcelona paraliza el proceso contra PDeCAT y Junts por el caso Palau

Se declara no competente

Audiencia de Barcelona

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha acordado no continuar la ejecución de la sentencia contra el PDeCAT y Junts por el caso Palau, a quienes abrió una pieza por responsabilidad civil de 6,6 millones de euros por la que fue condenada Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En un auto, la Audiencia ha declarado que "no es competente" de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS), que señaló que la competencia del caso es del Juzgado Mercantil 9 de Barcelona, debido a que CDC se encuentra en procedimiento concursal.

El Juzgado Mercantil 9 de Barcelona abrió un procedimiento concursal en marzo de 2020 fruto del concurso voluntario presentado por CDC, y, por este motivo, se creó un conflicto de competencias entre la ejecución del concurso dictado por el Juzgado y la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

"No procede continuar esta ejecución contra el PDeCAT, ni contra Junts al carecer la competencia para declarar hipotética sucesión", han añadido.

Ha explicado que CDC está en situación de concurso de acreedores y que todos los bienes presentados y futuros deben integrarse en la masa de acreedores, y desde la Audiencia han manifestado que no se encuentran "jurídicamente ante una sucesión en la relación jurídica material".

Respecto a la certificación de la solicitud de inscripción del partido Junts, han explicado que "teniendo en cuenta quién consta como presidenta, secretario y tesorera, así como el domicilio que se designa como sede y la fecha de la inscripción, no acredita una sucesión de CDC".

La sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona abrió una pieza separada en el trámite de ejecución de la sentencia del caso Palau para determinar la sucesión de CDC, condenada como responsable civil, de los partidos PDeCAT y Junts, y también dictó una sentencia condenatoria en la que ordenaba el decomiso de los bienes obtenidos por CDC, Fèlix Millet y Jordi Montull en la comisión de tráfico de influencias.