Dudas en la aplicación de la ley de vivienda aprobada por el Parlament

La ley con el apoyo de los partidos independentistas, el PSC y los comunes, recupera medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en 2019. La norma obliga a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales a familias vulnerables aunque estuviesen ocupando de manera ilegal una propiedad. Una situación que para el sector representa una legalización de facto de la okupación en Cataluña.

La norma define la categoría de gran tenedor de viviendas. Serian aquellas personas jurídicas (empresas) que posean más de 10 viviendas. En el caso de personas físicas se amplía a 15 viviendas. Este grupo deberá ofrecer un alquiler social durante 5 años si es persona física, 7 si es jurídica y 12 años cuando se trate de un banco o fondo de inversión.

Pero hay muchas dudas de la capacidad de la ley catalana, que pueda ser aplicada. Diversos juristas apuntan a una invasión de competencias respecto a la legislación estatal.

El abogado José María Español señala en declaraciones a la Cadena Cope, que la actual norma genera más inseguridad jurídica que asusta a potenciales inversores" en estos momentos en los despachos, se reciben llamadas de inversores de toda España y Europa que pregunta por la nueva ley y que deciden por seguridad no invertir. Se van a otras zonas porque no olvidemos que ya ganado la okupación y las mafias que la sustentan" añade el letrado.

En el informe anual de los APIS en Cataluña del exitoso para el sector 2021, se alerta de la preocupación por el mercado de alquiler, "se ha reducido la oferta de alquiler y está aumentando el precio por la falta de estos pisos para el mercado de alquiler". En el último trimestre del año pasado, en Cataluña se formalizaron 41.000 contratos de alquiler a un precio medio de 738 euros.