¿Quién está detrás de la demanda de la zona de bajas emisiones?: "Ni empresas grandes, ni partidos"

Ada Colau y los comunes han tenido que afrontar diversas demandas judiciales por su gestión en el Ayuntamiento. Muchas se han archivado, pero otras han tenido recorrido judicial y la instrucción previa, como la declaración judicial de la propia Colau por la investigación de las subvenciones, o los fallos que han sido en contra del consistorio, han sido cualificados por el Ayuntamiento de Barcelona como "demandas con intenciones políticas, y con lobis poderosos detrás".

Esta argumentación decae en caso de la demanda contra la zona de bajas emisiones. En este caso, una decena de entidades vinculadas con el transporte y empeñadas en volver a la situación anterior a enero de 2020, cuando los coches más contaminantes dejaron de entrar en la ZBE.

La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), creada en 2016 pero constituida legalmente en 2017. Su presidente, David Llort es contundente en declaraciones a Cadena Cope "ni lobis, ni partidos, ni nada. Somos un grupo de ciudadanos que en la Plataforma solo queremos un mejor análisis y soluciones en la zona de bajas emisiones". Llort va más allá y reconoce estar "estudiando una demanda por difamación si no cesan estas campañas. Los comunes se atribuyen que son el partido del pueblo y luego lo persiguen".

Llort ha confirmado que presentarán una petición de ejecución provisional de la sentencia, es decir, que solicitaran al juez que anule la ZBE a pesar de que el veredicto no sea firme, mientras dure el periodo de espera del pronunciamiento del Supremo, por los recursos presentados por el Ayuntamiento y Generalitat a la sentencia del TSJC.

Miantras la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV), niega vinculaciones políticas, "aquí somos 200 empresarios medianos y pequeños y próximos al territorio, y con muchas familias del sector con problemas para llegar a final de mes. Ni partidos ni nada, somos una entidad empresarial" resume su presidente, José Maria Chavarría.

Esta entidad estudia si presentar por vía judicial una ejecución de la sentencia, pero ahora se inclina por buscar un consenso "la realidad es que llevamos dos crisis seguidas, la covid y la guerra de Putin con el precio del carburante. Ahora no podemos renovar nuestra flota" argumenta Chavarría, quién cree que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es promocionar el transporte público y reducir el privado para bajar la contaminación.