El sector inmobiliario lleva al TSJC el nuevo plan urbanístico del distrito de Gràcia de Barcelona
Ven injustificado reservar a vivienda protegida el 30% de edificios de más de 400 metros cuadrados en lugar de 600
Imagen de archivo de una calle del barrio de Gràcia
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Asociaciones y colegios del sector inmobiliario han anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un recurso contencioso contra el nuevo plan urbanístico del distrito de Gràcia de Barcelona.
La Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya suscriben el escrito que anuncia el recurso.
El recurso anunciado se opone a la modificación del Plan General que el pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de enero y que fija que los edificios construidos o rehabilitados de más de 400 metros cuadrados deberán destinar al menos el 30% del espacio a vivienda protegida.
Las entidades y colegios que han presentado el recurso han recordado en un comunicado que esto implica fijar un umbral diferente al establecido para toda la ciudad -600 metros cuadrados- "sin justificar el motivo de esta diferencia".
Han criticado que la reserva sobre eL suelo urbano consolidado "constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo", y lo consideran a una limitación del derecho a la propiedad por la que reclaman una indemnización.
El sector inmobiliario también considera que el estudio económico que se hizo para modificar el plan "no aclara la viabilidad real" de la nueva norma y critican que incluya la rehabilitación de edificios.
PLAN URBANÍSTICO
El Ayuntamiento propuso esta modificación con la intención de proteger 3.400 edificios patrimoniales (un 73% del total) y reducir las expropiaciones para mantener el tejido urbano tradicional y favorecer la rehabilitación.
Esta modificación se aprobó con los votos a favor del Gobierno municipal -BComú y PSC- y de ERC, ante los votos en contra de los grupos de Junts, Cs, PP, Valents y de la concejal no adscrita Marilén Barceló.