La Audiencia de Barcelona ordena investigar a Colau por presuntamente coaccionar a un fondo inversor

La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y a los concejales Marc Serra y Lucía Martín por presuntamente coaccionar al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad --entre ellos el Bloc Llavors-- que estaban ocupados por familias vulnerables, según el escrito del tribunal.

Según ha adelantado 'eldiario.es', el primer juzgado que recibió la querella contra Colau decidió archivar el caso por falta de indicios, pero Vauras recurrió esta decisión y ahora la Audiencia de Barcelona ordena investigarlo, en contra del criterio de la Fiscalía.

Así, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso de Vauras y el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona deberá investigar a Colau por presuntas coacciones y por presunta prevaricación administrativa.

En cambio, los magistrados rechazan por falta de indicios investigarlos por presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, como pretendía la querella.

En concreto, Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente "habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social", lo que el Ayuntamiento niega.

Por eso, los jueces de la Audiencia de Barcelona ven necesario investigar los hechos y que la jueza instructora cite a Colau, Serra y Martín para interrogarles como investigados.

Como la Fiscalía, el Ayuntamiento pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigación del caso cerrada como había decidido la primera jueza.

En su escrito, el consistorio defiende inadmitir la querella, y afirma que recoge hechos que "no son ciertos" ni se han aportado pruebas que los verifiquen.

El Ayuntamiento reconoce que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban su edificio de la calle Lleida 38, conocido como Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que el consistorio cometiera ningún delito en el procedimiento.

Cuando la primera jueza archivó el caso, el fondo Vauras presentó el recurso que ahora hace abrir la investigación, afirmando que hay "multitud de indicios" de los delitos que atribuye a Colau, Serra y Martín, que tacha de acoso inmobiliario.

El recurso sostiene que Martín "ha reconocido las acusaciones de los delitos" en declaraciones publicadas en medios de comunicación.

Sobre la ley catalana de vivienda a la que apela el consistorio, Vauras defiende que "nunca amparará la comisión de delitos, ni habilitará o autorizará a los ediles realizar acciones directas con los tenedores inmobiliarios para conseguir de ellos, bajo presiones ilegales, la cesión de inmuebles para alquileres sociales".