ERC, Junts, CUP y comuns impulsan una comisión de investigación sobre Pegasus en el Parlament

Los grupos parlamentarios de ERC, Junts, CUP y comuns han registrado una propuesta de resolución en el Parlament para crear una comisión de investigación sobre el espionaje con los programas Pegasus y Candiru a dirigentes independentistas.

La propuesta de resolución asegura que el espionaje ha afectado a "representantes políticos, activistas, abogados, periodistas y sus familiares por parte del Reino de España", y la han promovido después de que el Congreso haya rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto por el rechazo de PSOE, PP, Vox y Cs.

La propuesta registrada fija como objetivo de la comisión del Parlament conocer los detalles sobre "las intromisiones llevadas a cabo sobre representantes políticos y la sociedad civil catalana a través del spyware Pegasus y Candiru por parte del Reino de España, bien a través del CNI o de otros organismos públicos".

También pretende conocer los detalles sobre estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Economía y Justicia que "hayan participado, de manera directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados y aclarar el alcance temporal", así como conocer los mandos que han tomado las decisiones y su motivación.

Prevé exigir responsabilidades políticas, penales o civiles si corresponden, e impulsar acciones legislativas y judiciales en función de las conclusiones, planteando también la posibilidad de proponer una regulación normativa que "salvaguarde los derechos de los ciudadanos ante las acciones llevadas a cabo por parte de instituciones públicas en términos de defensa nacional".

Han promovido la comisión para investigar también "de qué tutela judicial, si es que ha existido" ha contado el espionaje por parte de órganos jurisdiccionales -cita la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS)-, y conocer las tareas llevadas a cabo por el Parlamento Europeo sobre este asunto.

Además, los impulsores de la comisión quieren saber qué instituciones disponen de estos programas, y los procesos de contratación, contratos y gastos por su adquisición y por los elementos técnicos, materiales que se hayan necesitado para la ejecución del espionaje, según el texto.

Asimismo, proponen que esté integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y tenga vigencia de un año -durante el que redactará un informe-, y prevén que puedan asistir políticos, altos cargos de la Administración General del Estado, especialistas y representantes de entidades, entre otros.