La Fiscalía denuncia a la incineradora de Sant Adrià por presunto delito ecológico

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado a la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs que gestiona la empresa pública Tersa por un presunto delito ecológico, en un escrito dirigido a los juzgados de Badalona.

Según ha avanzado 'El Periódico', la denuncia señala como posibles responsables al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa.

La fiscal ha presentado la denuncia tras una investigación que apunta a que la planta presuntamente emitió gases contaminantes que supusieron "un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas" del entorno.

Como máximos responsables de la gestión de la empresa, Badia y el jefe de explotación "habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable", sostiene la fiscal.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la coordinadora vecinal Airenet denunciara en 2018 ante este órgano el presunto mal funcionamiento de la planta, con unos niveles de emisiones contaminantes muy "elevados" de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas.

La investigación concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat en 2018.

Además, y según la autorización ambiental que se le concedió en 2007, la empresa debía entregar cada año a la Generalitat un informe sobre el cumplimiento de los valores límites de emisión e informar en caso de sobrepasar los topes. Los investigadores no han podido encontrar estos informes, relata la fiscal: por ello, también pide que se ordene a la Generalitat aportar los datos de emisión contaminantes sobre la incineradora para seguir con el proceso.

Mientras tanto, el presidente de TERSA y regidor del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, asegura que la incineradora cumple la normativa y que no emite contaminantes perjudiciales para la salud. Badia asegura que se han hecho todos los análisis para acreditar que no había impacto para la salud.