La Fiscalía se opone a prohibir las reuniones de más de 10 personas en Barcelona

La Fiscalía ha pedido al juez que no autorice a la Generalitat a prohibir las reuniones de más de diez personas en la primera corona de Barcelona, porque ve esta medida "desproporcionada" y además el Govern no la ha justificado "adecuadamente".

Así lo sostiene el ministerio público en un informe remitido al titular del juzgado de lo contencioso número 15 de Barcelona, a quien la Generalitat ha pedido autorización para prohibir reuniones de más de diez personas en la primera corona de Barcelona ante el repunte de positivos de coronavirus.

Por el contrario, la Fiscalía Provincial de Barcelona no se opone a las recomendaciones y otras medidas, como la limitación de aforo, que ha planteado la Generalitat, que está a la espera de la resolución judicial para activar estas restricciones, además de en la primera corona metropolitana también en las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera, con lo que afectarían a casi cuatro millones de personas.

Ante el repunte de positivos en Barcelona y Lleida, el Govern ha recomendado que durante los próximos quince días no se salga de casa si no es imprescindible y ha planteado la prohibición de las reuniones de más de diez personas, además de limitar al 50 % el aforo en bares y restaurantes y cerrar cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios.

El Govern también ha planteado prohibir las visitas en las residencias de ancianos y ha recomendado que se vaya con cita previa a los locales comerciales.

En su informe, la Fiscalía no se opone a que el juez autorice las medidas planteadas por el Govern para contener el brote de la pandemia en la corona de Barcelona, excepto sobre la prohibición de reuniones y encuentros sociales y familiares de más de diez personas, porque "es desproporcionada" y la administración catalana "no la justifica adecuadamente".

Según la Fiscalía, las medidas que solicita la Generalitat "no ofrecen problema jurídico alguno" en lo que respecta a las recomendaciones, ya que son una "concreción geográfica" del plan de desescalada aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril.

Lo mismo pasa, según el fiscal, respecto al cierre de determinados establecimientos o la limitación de aforo por el riesgo de concentración de personas.

Otra cosa es la prohibición que pretende imponer la Generalitat de las reuniones de más de diez personas, porque "esto sí" implica la limitación de un derecho consagrado en la Constitución y solo se puede autorizar si la medida está "justificada" y es "proporcional" al fin perseguido, lo que no ocurre en este caso, según el fiscal.

En este sentido, subraya que ni el estado de alarma ni la situación de emergencia sanitaria actual "constituyen por sí mismos" una "justificación jurídica" que sea "apta y suficiente" para prohibir reuniones o manifestaciones.

"Si algunos problemas plantea su limitación con base en la declaración del estado de alarma, muchas son las dificultades para acordar una limitación en otras circunstancias que no son excepcionales", advierte.

La Fiscalía recuerda que la propuesta del Govern para que los ciudadanos solo salgan de casa por motivos justificados se suma a la de las autoridades sanitarias para evitar aglomeraciones.

"Si se opta por apelar a la responsabilidad personal de los habitantes de dichas poblaciones y acto seguido se prohíben absolutamente reuniones que de suyo implican desoír ese llamamiento, es evidente que la Administración duda de que la gente siga las recomendaciones sanitarias", argumenta.

Además, sostiene que la prohibición "generalizada" de reuniones de más de diez personas "no se ajusta" a la doctrina constitucional, porque "solo en cada caso concreto podría la autoridad valorar si se han previsto medidas de limitación de contagios y actuar en consecuencia, impidiendo la concentración de personas".

Y es que, según la Fiscalía, la propia resolución de la Generalitat "combate ese riesgo", al prohibir a los afectados con sintomatología o que hubieran estado aislados o en cuarentena participar en estas reuniones, lo que sí cree que está justificado, ya que el riesgo existe "cuando alguno de los asistentes está contagiado".

Para la Fiscalía, es "público y notorio" que el coronavirus "pone en peligro la vida, integridad y la salud colectiva de las personas" y ha originado una "situación insólita" en que "por primera vez" la democracia se ha visto en la necesidad de enfrentarse "ante un desafío de tal magnitud".