Fiscalía pide archivar la investigación a Núria Marín por el Consell Esportiu de L'Hospitalet

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado de Instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat el sobreseimiento (tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal, suspendiendo un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia) provisional y parcial de la investigación a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, en la causa del Consell Esportiu por presuntos desvíos de subvenciones.

El informe del fiscal afirma que con lo investigado ahora "no hay un solo dato que permita deducir" que Marín actuó de manera ilegal. En concreto, se descarta que Marín omitiera trámites en expedientes de subvenciones --y recalca que no tiene competencia sobre ellas-- ni que adoptara ninguna resolución en estas gestiones.

Además, la Fiscalía recuerda que en la denuncia que originó la causa "en momento alguno se hace referencia" a la posible participación de Marín, y que fue con la investigación ya más avanzada que se le atribuyó un presunto delito de omisión del deber de perseguir infracciones, por supuestamente no haber actuado cuando le alertaron de un presunto caso de corrupción en el Consell.

Sin embargo, a raíz del análisis del teléfono de Marín, el fiscal señala que las conversaciones que mantuvo demuestran que, después de que fuera avisada de posibles anomalías en las subvenciones del Consell, la alcaldesa organizó reuniones, pidió explicaciones a los denunciados y encargó una auditoría para esclarecerlo.

Por eso, el fiscal concluye que "la actitud, comportamiento y decisiones adoptadas por la investigada no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifesta y total", como debería darse para atribuirle un delito.

La Fiscalía señala, al contrario, que Marín actuó "cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas" y no ve indicios para sostener que no cumpliera con su obligación de perseguir un delito. Asimismo, el informe de la Policía en esta causa sí ve ve sospechas de presunta prevaricación y malversación, "alegando coo único motivo el hecho de que su condición de alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento".

El fiscal considera "excesivo" usar este argumento y critico que esto supondría convertir a cualquier alcalde en el blanco --en sus palabras-- de las denuncias o querellas contra cualquier funcionario local a falta de pruebas que permitan deducir lo contrario.