El Parlament aprueba que ayuntamientos puedan desahuciar pisos ocupados con problemas de convivencia

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una proposición de ley impulsada por Junts que permite que los ayuntamientos puedan iniciar procesos de desahucio de viviendas ocupadas en las que haya problemas de “alteración de la convivencia” y que sean de propiedad de grandes tenedores –propietarios de más de 10 viviendas, ya sean personas físicas o jurídicas-- que no se hayan hecho cargo de iniciar acciones judiciales para el desalojo de las mismas.

En la votación posterior al debate, esta nueva norma, que ha sido tramitada de urgencia por lectura única, ha contado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y Cs, el voto en contra de CUP y comuns, y la abstención de Voz y PP.

Además, el texto incluye enmiendas de ERC que recogen que en caso de que se produzca un desahucio como consecuencia de este proceso iniciado por los ayuntamientos --aunque también podían hacerlo otras entidades públicas como la Generalitat-- los consistorios podrán “adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años” y deberá destinarlo a políticas públicas de alquiler social.

Este punto de la proposición ha obtenido el apoyo de PSC, ERC y Junts, el voto en contra de CUP, comuns y Vox, y la abstención de Cs y PP, ya que los naranjas no están de acuerdo en que los consistorios puedan expropiar durante siete años viviendas en este tipo de casos.

Fuentes parlamentarias han explicado que el texto inicialmente contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran iniciar por iniciativa propia el procedimiento de desahucio de viviendas ocupadas en las que hubiera problemas de “alteración de la convivencia”, pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad.

En concreto, la junta de propietarios podrá “denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio” para que este inicie el proceso de desahucio, siempre que previamente haya un expediente acreditativo de que se han producido actuaciones prohibidas que alteran la convivencia y el orden público o que pongan en peligro la seguridad o integridad del inmueble.

Fuentes de Junts han concretado que la norma incluye la manera en que se deben interpretar las alteraciones de convivencia, con base en otros casos que recoge la jurisprudencia y establece los requisitos para considerarlo como tal; además, la proposición de ley contempla que deberán ser los alcaldes quienes inicien el proceso judicial para el desahucio.

Por su parte, fuentes republicanas han explicado que no compartían la forma urgente en que se ha tramitado esta proposición, pero han trabajado a través de las enmiendas para “reducir las interpretaciones arbitrarias a la hora de aplicarla y evitar vulneraciones de derechos”, para que la norma no fuese lesiva en caso de las familias vulnerables que estuviesen ocupando viviendas, han concretado.