El Parlament de Catalunya se gasta 4 millones de euros en premios de jubilación a altos funcionarios

El Parlament de Catalunya ha pagado una media de 100.000 euros por persona. 71 funcionarios de los 81 que se jubilaban se han beneficiado de este privilegio, que le ha costado a las arcas públicas un agujero de casi 4 millones de euros. Además, 34 de los exfuncionarios han cobrado durante 5 años sin trabajar hasta el día de su jubilación, en que les han abonado un año extra de su sueldo a modo de compensación, según ha publicado el diari Ara.

Desde el Parlament solo han reconocido haber pagado a cinco altos funcionarios por un total de 528.425 euros de los presupuestos públicos y a otros cinco funcionarios más que habrían percibido cifras similares. Es decir, una suma de casi un millón de euros de los presupuestos públicos.

El artículo ve la luz en 1997 bajo la presidencia de Joan Raventós y Carnero del PSC. El año 2008, durante el mandato de Ernest Benach de ERC, se aprobarían las cláusulas más inéditas: las licencias de edad y estas primas de jubilación. Ahora bien, el último cambio de las condiciones de este subsidio de jubilación se produjo a finales de 2021 y lo actualizó la Mesa bajo la presidenta de Laura Borras. Un acuerdo que beneficiará a los funcionarios que se jubilen hasta el 2026.

Prima de jubilación de funcionarios

La prima de jubilación es un concepto retributivo que se abona al funcionario cuando se jubila en la edad reglamentaria y que se merita durante los años de servicios efectivamente prestados en el Parlamento, según los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores del Parlament.

El importe de la prima se adquiere de forma progresiva, según los años trabajados, y pretende compensar las características específicas de los servicios que prestan los funcionarios en la administración parlamentaria, la cual tiene unas funciones diferenciales basadas en el apoyo a la potestad legislativa, a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y al control e impulso de la acción política y de gobierno.

Algunas de las diferencias destacables son, por ejemplo, la plena disponibilidad para apoyar a la actividad parlamentaria e institucional, el asesoramiento en funciones legislativas, la inmediatez de las actuaciones que se tienen que realizar y la poca movilidad interna dentro de la administración parlamentaria, a causa de su dimensión más reducida.

Así pues, regulaciones sobre ayudas a la jubilación

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