Torra descarta unas elecciones "irresponsables" antes de su inhabilitación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado llevar a Cataluña a una "carrera electoral irresponsable" en plena pandemia, mientras no esté inhabilitado, tras defender ante el Supremo que su decisión de desoír la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta a favor de los "presos y exiliados" fue "un acto político".

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista para revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia, un fallo aún no firme que, de confirmarse, le desalojaría de la presidencia de la Generalitat.

La Fiscalía y la acusación popular ejercidas por Vox, partidarias de mantener la condena, y la defensa de Torra han expuesto ante el Supremo sus argumentos en relación con el recurso que el president presentó contra su inhabilitación, en una vista que este ha seguido desde el público, puesto que no estaba prevista su intervención.

En cuanto ha acabado el acto, el presidente catalán ha convocado a los medios en el Centre Cultural Blanquerna de Madrid, en una declaración institucional para anunciar que no piensa convocar elecciones anticipadas, al considerar que ello constituiría una irresponsabilidad en plena pandemia de coronavirus.

"Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él. No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña", ha afirmado Torra.

Tras proclamarse víctima de un proceso judicial "aberrante y esperpéntico", ha asegurado que seguirá al frente de la Generalitat "hasta el último segundo" para luchar contra la COVID-19, mientras no haya resolución del Supremo, porque ese es "su deber como president".

"Tengo la impresión de que una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es mucho más importante para el Estado español que la lucha de un President y su gobierno contra la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos años. Ciertamente, cada cual tiene su orden de prioridades. Así es como quieren a una Catalunya que pretenden esclava", ha abundado.

Poco antes, su abogado, Gonzalo Boye, defendía ante el Tribunal Supremo que la decisión de Torra de desoír la orden de la Junta Electoral de retirar las pancartas y lazos amarillos de apoyo a los líderes independentistas presos fue "un acto político" amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario.

El letrado ha echado mano de la reciente intervención de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, en la que vinculó al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias con el terrorismo, y ha pedido para Torra el mismo trato que para la exdirigente popular, a la que, ha señalado, "no le ha pasado nada".

La defensa ha mantenido además que la Junta Electoral Central no es un órgano superior al presidente de la Generalitat ni competente para dictar órdenes a Torra en unas elecciones generales, y ha denunciado que ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral -como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- por pertenecer a una "minoría nacional".

La fiscal Pilar Fernández, por el contrario, ha negado cualquier carácter político en la conducta de Torra y ha sostenido que el presidente catalán fue condenado por quebrantar la ley electoral, un ámbito en el que la Junta tiene competencia para "revisar, neutralizar y sancionar" actuaciones como la de las pancartas.

Además, ha considerado "inasumibles" las reiteradas acusaciones de parcialidad de la defensa a los miembros de la JEC, al instructor de la causa y a los magistrados del TSJC, lo que a su parecer "no es sino un ejemplo de la adaptación que la parte hace del derecho", que "la estira y la adaptar a su conveniencia, algo legítimo pero inasumible".

Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox ha pedido que se desestime "radicalmente" el recurso de Torra porque con su acción demostró "una falta de observancia de todas las normas, incluso de la Constitución", por lo entiende que es una "aberración" pretender ampararse en la libertad de expresión y los derechos políticos.

"El principio básico de la democracia es el respeto a las leyes, otra cosa es hacer de esto un marketing político" ha añadido la letrada Marta Castro.