Aplazado el juicio a un falso repartidor a domicilio para estudiar nuevas pruebas aportadas por la fiscal

La Audiencia de Barcelona ha aplazado, a petición de la defensa, la declaración del hombre acusado de agredir y abusar sexualmente a cuatro mujeres en Barcelona entre noviembre de 2020 y enero de 2021 cuando hacía de repartidor a domicilio, tras aportar nuevas pruebas y testigos la fiscal. Entre estos nuevos testigos se encuentran cinco policías, uno de ellos de la Policía Nacional y los otros de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas) de los Mossos d'Esquadra, además de un médico forense.

La fiscal ha detallado que uno de los agentes de la Ucas es un analista criminal, y ha explicado que si el tribunal admite a este testigo "se trataría de un avance en enjuiciamiento en material sexual", ya que solamente se han admitido las pruebas de los analistas criminales en casos de homicidios y de crimen organizado.

En el escrito de acusación, la fiscal había pedido 19 años de cárcel, pero en la última sesión celebrada del juicio ha modificado las penas y ha expresado que, en caso de condena, el acusado cumpla tres cuartas partes de la pena de prisión y, posteriormente, se le expulse del territorio español sin posibilidad de volver a acceder en 10 años.

Durante la sesión, la fiscal ha explicado que el acusado, de origen colombiano, tiene antecedentes de intento de homicidio, lesiones graves y amenazas a funcionarios policiales en Chile en 2013, hechos que motivaron su expulsión de dicho país.

Después de los abusos sexuales y la agresión sexual cometidos en España, el acusado entró en prisión, donde sigue actualmente, y estando en la cárcel "forzó una pareja de hecho con una mujer, coincidiendo con el momento en el que le llegó un expediente de expulsión del territorio español", con el fin de no ser expulsado del país.

Además de la condena, la fiscalía también pide unas indemnizaciones de 3.000 euros para dos víctimas y 1.000 más para otras dos. En un principio había una posible quinta víctima, pero fue retirada por falta de pruebas. El acusado ha ingresado 4.500 euros a la cuenta judicial a favor de las víctimas para que se le aplique el atenuante de reparación del daño.