Guardias civiles y policías nacionales piden la ejecución de la sentencia sobre el 25% de castellano

JUCIL (asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil), en coordinación con 'Hablamos Español' y 'Convivencia Cívica Catalana', han presentado este lunes una petición ante el TSJC para reclamar la ejecución de la sentencia del 25% de castellano.

En el recurso, se pide, entre otras cuestiones, una asignatura troncal más en castellano en primaria y dos en secundaria. Medida, que según sus impulsores, podría hacerse efectiva en todos los centros de enseñanza de Cataluña, y no sólo en el grupo de los que solicitan más educación en castellano”, porque los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son servidores públicos y están sujetos a movilidad forzosa. Basan su legitimación para pedir la ejecución de la sentencia en su derecho “a la conciliación familiar, por ser padres de niños y jóvenes en edad escolar. En la situación actual se dificulta que puedan trasladar a sus familias a Cataluña, por no tener a su disposición centros educativos donde poder educarlos conforme a la legislación vigente, algo que atenta claramente contra su derecho a la conciliación familiar”.

Lo ha explicado a COPE Milagros Cívico, secretaria general del JUCIL en Cataluña, quien también ha precisado que para “incentivar” el cumplimiento de la sentencia por parte de la Generalitat, se le exija el pago de indemnizaciones a los afectados por su decisión de no atender el contenido del fallo de los tribunales. Pero además, piden que “se condena a la administración a abonar a cualquier miembro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que lo reclame 450 euros, o la cantidad que el tribunal estime conveniente, por cada trimestre en que no se aplique en la clase de sus hijos el fallo contenido en la sentencia dictada”.

Desde JUCIL también quieren que se exijan responsabilidades a los directores de los centros educativos que se nieguen a aplicar la sentencia del TSJC.

Recordemos que el pasado viernes, día en que acababa el plazo de dos meses para aplicar la sentencia del 25%, la Generalitat envió una comunicación al TSJC en la que explicaba que había impulsado la modificación de la Ley de Política Lingüística y el decreto sobre el régimen lingüístico en la escuela por el que se establecerá que el catalán y el castellano “estarán contemplados” en los proyectos lingüísticos de los centros.