Los geriátricos concertados en pie de guerra: "Queremos equiparación salarial con los públicos"

Las principales organizaciones empresariales y sociales del sector concertado y privado de atención a las personas mayores de Catalunya han presentado un manifiesto en el que reclaman la equiparación salarial de sus empleados con los trabajadores públicos.

Bajo el lema,“Mismo trabajo, mismo salario” los agentes sociales y económicos pidieron una inversión extraordinaria de 250 millones de euros por parte del nuevo Govern para equiparar los salarios de los profesionales de las residencias y los centros de día con plazas financiadas públicamente con los salarios de las residencias propias de la Generalitat.

Una decisión política

El manifiesto propone que los partidos que se presentan en las elecciones del 12 de mayo incorporen la demanda de equiparación en sus programas electorales y en el futuro ejecutivo.

Las organizaciones quieren también que haya un acuerdo en el Parlament que apoye la demanda de equiparación salarial y que esta mejora llegue en el plazo máximo de una legislatura, dando cumplimiento al artículo 166 de la ley de medidas de los presupuestos de la Generalitat de 2020 para toda la red de servicios sociales.

Una diferencia del 40%

Entre las entidades que han apoyado el manifiesto se encuentran la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), La Unió - Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, la Unió General de Treballadors (UGT) y la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR).

Estas patronales, sindicatos y asociaciones denunciaron que existe una diferencia del 40% a nivel salarial entre el convenio público de residencias y los principales convenios de aplicación al sector con “mismas tareas laborales” .

A modo de ejemplo, afirmaron que un gerocultor que trabaja 1.792 horas en el sector privado tiene un sueldo anual bruto de 16.384, mientras que un auxiliar de geriatría que trabaja en una residencia pública durante 1.633 horas al año percibe 24.375,82 euros anuales brutos.

Por este motivo, estiman que para equiparar solo económicamente las tablas salariales hacen falta unos 282 millones para cubrir a los profesionales afectados por el convenio.