La Comunidad de Madrid diseña una nueva ley para dar respuesta al desafío del crecimiento económico y demográfico que proyecta la región

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido en su reunión de hoy el informe del anteproyecto de la Ley de medidas para el desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio, una nueva normativa para hacer frente al desafío del crecimiento económico y demográfico que proyecta la región unido al refuerzo de la protección de sus recursos naturales.

Como ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el Ejecutivo autonómico inicia esta reforma legislativa que supondrá con su entrada en vigor, prevista para este año, una actualización, racionalización y simplificación de la normativa de la Comunidad de Madrid en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico.En concreto, la nueva Ley autonómica modificará diez textos legales competencia de la Consejería que dirige Novillo, con el fin de estimular la actividad de la región gracias a la simplificación de los trámites administrativos y la reducción de cargas burocráticas. Con estos cambios el Gobierno madrileño busca aumentar la oferta de vivienda, seguir avanzando hacia los objetivos de descarbonización y digitalización; garantizar el relevo generacional del sector primario y combatir la despoblación en las zonas rurales; y blindar la prestación de los servicios públicos sobre la gestión del ciclo del agua.

En materia urbanística, la Comunidad de Madrid facilitará el desarrollo de grandes proyectos y se acelerará la edificabilidad, ya que se podrá solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos. Busca también la regeneración urbana y clarifica la normativa de forma que no se paralicen proyectos como el de Madrid Nuevo Norte, en la capital.Así, el Gobierno autonómico da un paso más en la agilización de los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las Leyes Ómnibus y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, de forma que permitirá a los ayuntamientos ir avanzando en el planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación.

Los cambios legislativos de la Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y ordenación del territorio beneficiarán también a los agricultores y ganaderos madrileños. Se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Asimismo, permitirá que haya más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad.El nuevo texto establece que el Ejecutivo regional pueda desarrollar Planes de Protección del Paisaje. Además, busca compatibilizar esa protección del medio rural con los usos tradicionales, con el fin de revitalizarlo y contribuir a su desarrollo económico, evitando la despoblación.

La Comunidad de Madrid se encuentra inmersa en el reto de la descarbonización y la transición energética para avanzar hacia una región más limpia, acorde con la nueva demanda industrial y digitalizada. Por ello, con la nueva reforma legislativa se fomenta la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado –el que no se encuentra delimitado en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo–, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación.En este sentido, es esencial adaptar los instrumentos urbanísticos a las nuevas necesidades de esta industria estratégica, que necesita una disposición de las redes eléctricas bien dimensionadas para atender al consumo actual y futuro. De este modo, se propone la eliminación de los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía y telecomunicaciones, lo que supone dos años de ahorro en el despliegue.Además, se consolida la Declaración responsable urbanística, ampliando el espectro en las que será de aplicación, para incluir aquellas instalaciones de energías renovables que tengan como fin último el autoconsumo y el establecimiento de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Hasta ahora se tramitaban mediante licencia de obra, cargando a las administraciones municipales y a los usuarios con mayor burocracia y tiempos de ejecución.

En lo relativo al uso del agua, la nueva Ley que diseña la Comunidad de Madrid agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua.Así, se habilita un procedimiento

para las obras de Canal de Isabel II, que se declaran de interés público. Además, se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para las obras hidráulicas. Estas medidas permitirán agilizar las obras incluidas en el Plan Sanea afectando a 59 municipios, con una inversión de 500 millones de euros para la mejora de sus redes de alcantarillado e infraestructuras de protección frente a inundaciones.Por último, la entrada en vigor de la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales supone la necesidad de adaptar la normativa autonómica en esta materia. Así, la nueva Ley autonómica evitará contradicciones y contribuirá a lograr una mayor seguridad jurídica y una mayor coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español sobre esta materia.

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