La Comunidad de Madrid incorporará facilitadores para ayudar en los procesos judiciales a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

La Comunidad de Madrid incorporará facilitadores para ayudar en los procesos judiciales a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El objetivo de esta novedosa iniciativa es hacer más sencillo a los beneficiarios su paso por los distintos procedimientos de la Administración de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de indefensión debido a sus circunstancias. El Portal de Transparencia ha publicado este martes el proyecto de Decreto de Consejo de Gobierno por el que se establece este nuevo servicio público gratuito, abriendo así, el período de información pública de 15 días.

Los profesionales designados por la Administración autonómica para la prestación de este servicio público serán externos, salvo cuando los usuarios tengan la condición de víctima del delito, en cuyo caso recibirán esta atención por parte de miembros de los equipos psicosociales de la red regional de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).Entre las funciones que prestarán los facilitadores destaca emitir un informe, tanto para el órgano judicial como para los operadores que intervengan en el procedimiento, sobre los apoyos y recursos necesarios que requiere la persona con discapacidad, con el fin de que ésta pueda participar y ejercer plenamente sus derechos en el proceso. Asimismo, se encargarán de asegurarles la plena comprensión de las comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial.El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha destacado “el compromiso de acercar un servicio público tan esencial como este a todos los ciudadanos, en especial a aquellos que, debido a una discapacidad necesitan el apoyo y cercanía del sistema judicial madrileño, con el objetivo fundamental de garantizar sus derechos y deberes”.

Para ser designados como facilitadores judiciales por la Administración autonómica, los profesionales expertos deberán reunir los siguientes requisitos: ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional; acreditar, al menos, 100 horas de formación específica en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o estar en posesión del título acreditativo de facilitador judicial y/o contar con una experiencia laboral mínima de un año en centros o servicios de atención a ciudadanos pertenecientes a este colectivo, así como carecer de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.Para la puesta en marcha de esta iniciativa, la Comunidad ha colaborado con distintas entidades dedicadas a la atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la región, integrada en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Además, responsables de la OAVD han participado en los últimos años en el curso

impartido por la Universidad Autónoma de Madrid.

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