La alcaldesa de San Lorenzo declara que la licencia para exhumar en el Valle los Caídos está activa

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, ha aportado a la jueza que la investiga por presunta prevaricación un informe que asegura que la licencia para acometer las obras que permitirán exhumar a los enterrados en Cuelgamuros está "viva", y los trabajos ya se realizan, lo que contradice la versión inicial del Ayuntamiento.

López Esteban ha declarado este miércoles durante más de una hora ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial como investigada, tras la querella presentada por varias familias contra ella por un posible delito de prevaricación al no reactivar una licencia que permitirá exhumar los cuerpos de los hermanos Lapeña, aragoneses enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos.

La querella fue interpuesta en 2022 por la presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, y por Purificación Lapeña, familiar de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás.

En la querella alegan que el 24 de junio de 2021 se acordó por la Junta Local de Gobierno conceder la licencia para que Patrimonio Nacional acometiera las exhumaciones, pero otro juzgado paralizó esa actuación y, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló que se hiciesen las obras, la alcaldesa dijo en el Pleno municipal que no reactivaría la licencia hasta que no hubiera una sentencia firme.

La querella fue admitida y la alcaldesa fue citada en noviembre de 2022 para que declarase el 20 de diciembre, pero faltaba adjuntar un documento y su declaración se retrasó hasta este miércoles.

Mientras tanto, el pasado 5 de diciembre el Gobierno anunció que reanudaba los trabajos para exhumar los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil del Valle de Cuelgamuros a petición de sus familiares, tras finalizar la paralización que supusieron las medidas cautelares impuestas por un juzgado de Madrid y tras constatar que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial estableció que no tenía competencia para suspender la licencia de obra, según informó ese día el Ministerio de Memoria Democrática.

Ahora, en su declaración judicial, la alcaldesa ha adjuntado a la causa un nuevo informe, fechado el 16 de diciembre de 2022, que indica que la licencia de obras para acometer los trabajos de exhumación está "viva", que Patrimonio Nacional pagó las tasas correspondientes y que de hecho está llevando a cabo esos trabajos desde finales de 2022, según ha explicado a EFE el letrado de las familias querellantes, Eduardo Ranz, quien ha subrayado que esto supone una "contradicción" con el informe municipal de 2021.

El letrado ha precisado que, a preguntas de esta acusación, Carlota López ha explicado que la decisión de junio de 2021 de dar el visto bueno a las obras se tomó por unanimidad de la Junta de Gobierno y que luego hubo una interpretación "errónea" de una secretaria accidental del Ayuntamiento en la que se dijo que había que esperar a una resolución firme. Y ha subrayado que los trabajos de exhumación ya se están llevando a cabo.

El abogado de los querellantes ha puesto de relieve que el informe que "contradice" lo dicho previamente por el Ayuntamiento se elaboró una vez admitida a trámite la querella y ser citada la alcaldesa, y que eso es algo punible.

No obstante ha dejado claro que, pese a que el delito de prevaricación conlleva entre 7 y 15 años de inhabilitación, el objetivo de las familias víctimas del franquismo no es ese, sino que los cuerpos sean exhumados para cerrar heridas.