La alcaldesa de San Lorenzo declarará este miércoles por las exhumaciones del Valle de los Caídos

Un juez ha citado a declarar en calidad de investigada a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, tras la querella presentada por varias familias contra ella por un posible delito de prevaricación al no reactivar una licencia que permitirá exhumar a sus familiares enterrados en la basílica del Valle de los Caídos.

La alcaldesa está citada a las 10:00 horas por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio Nacional pudiera acometer obras para acceder a las criptas de la basilíca.

El pasado 28 de octubre la titular del Juzgado admitió a trámite la querella porque los hechos narrados "presentan características que hacen presumir la posible existencia" de un delito de prevaricación administrativa.

Detallaba entonces la magistrada que no están determinadas la naturaleza y la circunstancias de esos hechos, ni las personas que han intervenido en ellos, por lo que llamaba a investigarlo; al tiempo que solicitaba al Ayuntamiento que le remitiese el expediente administrativo al que se refiere la querella.

Las denunciantes apuntan que el valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, es “la fosa común más grande de España”, y cifran en 33.000 los cuerpos enterrados en la guerra civil española, “víctimas del franquismo”.

Algunos de sus descendientes denunciaron en agosto de 2022 que no se hayan comenzado los trabajos de exhumación de dos cuerpos que fueron aprobados judicialmente en 2016.

Critican que la negativa de la alcaldesa a reactivar la licencia municipal para las obras, lo que representa “la única opción de cumplir la resolución judicial”, supone “un abuso contra la reparación de las víctimas”.

La alcaldesa siempre ha negado el bloqueo

El pasado mes de septiembre, tras conocerse la querella de los familiares, la alcaldesa negaba en un comunicado el supuesto bloqueo u oposición al cumplimiento de las resoluciones judiciales en las exhumaciones del Valle de los Caídos.

Carlota López Esteban indicaba que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".

Asimismo, detallaba que el procedimiento del Ayuntamiento y de la alcaldesa viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Consistorio emitieron "una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ajustándose en todo momento a la legalidad".

También añadía que el único interés del Gobierno municipal en cualquier procedimiento en vigor tiene el deber de "cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente" y que la Alcaldía no puede cuestionar "en ningún momento" las resoluciones que pueda dictar la Justicia.

López Esteban cree que ha recibido ataques infundados hacia su persona desde algunos partidos políticos por este asunto y calificaba el anuncio de la querella "como un medio de coacción".

En el comunicado, además, hacía un repaso a la cronología del proceso de concesión de la licencia de obras.

En un primer momento, el 24 de junio de 2021 se acordó, por la Junta de Gobierno municipal, conceder la licencia, pero tras una decisión al respecto de los tribunales, la alcaldesa dijo en el pleno municipal que no la reactivaría. En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso.