Clausurada una cafetería de Collado Villalba que acumulaba quejas vecinales por "actividades ilegales"

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha ordenado el cierre, por un año, de una cafetería ubicada en la calle Real que había acumulado innumerables quejas por parte de vecinos, además de diversas denuncias por parte de Policía Local y Guardia Civil.

Así lo ha comunicado en una nota oficial en la que explica que en junio de 2023 el área de Urbanismo abrió expediente sancionador por vía administrativa al establecimiento "por la permisión o tolerancia de actividades ilegales, especialmente el consumo ilícito de droga" pero fue recurrido ante la Justicia por la propietaria, quien logró la suspensión de las medidas cautelares de cierre. 

Ante esta decisión, el Ayuntamiento presentó un recurso de apelación que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado, con lo que ordena el precinto y “cuantas medidas sean necesarias” para hacer efectiva la clausura de la cafetería, sancionando a su propietaria con la suspensión de la licencia de funcionamiento y el cierre durante los próximos doce meses.

Además, se impedirá “su actividad de referencia, por los agentes de la autoridad, mediante cualquier medio legal”. En el caso de quebrantar los sellos de precinto -como ya ha ocurrido con anterioridad- se dará traslado de los hechos al Juzgado de Primera Instancia o Instrucción, ante la posible comisión de un delito o falta de desobediencia “previstos y penados en el Código Penal”.

En cumplimiento de la legislación vigente, una vez expire el plazo de cierre, para poder abrir nuevamente el establecimiento los titulares del negocio estarán obligados a tramitar una nueva licencia de apertura.

“Muchas personas nos habían transmitido que era un foco de venta de drogas y de todo tipo de sustancias ilícitas. Ahora los vecinos podrán respirar tranquilos gracias a esta noticia. En todo caso, deseo mostrar mi agradecimiento a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han hecho un trabajo excelente”, ha apuntado la alcaldesa, Mariola Vargas.

La nota del Ayuntamiento concluye recordando que, según contempla la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, la infracción cometida tiene la consideración de “muy grave”, lo que faculta al área de Urbanismo para optar entre una sanción económica, por importe de 60.000 euros, o el cierre del establecimiento por un año, habiéndose decretado esta última medida “con el fin de primar la salud pública y el bienestar de los vecinos”.