La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para el alcalde de Moralzarzal por prevaricación en contratos

La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y para la exconcejal de Urbanismo Susana Villareal Bárcena por un supuesto delito de prevaricación administrativa en contratos por el que serán juzgados a partir del martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El Ministerio Público señala en sus conclusiones provisionales que durante 2016 y 2017 el alcalde, del partido Vecinos por Moralzarzal Participa, y la entonces concejal abusaron de la figura del contrato menor de servicios ya que lo utilizaron en más de la mitad de las contrataciones realizadas por la corporación.

Según la Fiscalía, ambos se aprovecharon de que para su celebración no era necesario un proceso público y así "eludieron de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa, que exige el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones".

De esta forma privilegiaron a unas empresas frente a otras respecto de las que se conculcó la igualdad de trato que debe regir en la contratación dentro del sector público, añade el escrito de acusación.

Agrega que los acusados eludieron también el trámite normativo en materia de aprobación de gasto, "de forma tal que la práctica habitual en el ayuntamiento tras la presentación de facturas por ciertas empresas fue la de retención del crédito sin ser aprobado, bastando con una propuesta de gasto por las distintas concejalías, lo que se hizo, entre otras, en la de Urbanismo y Medio Ambiente con el beneplácito del alcalde".

De esta forma, la mayor parte de los contratos menores de servicio y suministro que se firmaron en este periodo de tiempo suscritos por los acusados "excedieron el límite y ambos los aprobaron con facturas fraccionadas", explica la Fiscalía.

Concreta que, aunque se presentaron contratos con idéntico objeto y unidad funcional y las facturas se giraron a favor de la misma persona, "no se sumaron los importes sino que cada factura se aprobó de forma independiente burlando la normativa y perjudicando al resto de empresas aspirantes a la prestación del servicio".

La Fiscalía destaca que pese a que fue advertido de la irregularidad por el vicesecretario interventor del Ayuntamiento, "quien formuló reparo de legalidad", el alcalde no modificó su política de contrataciones.

El Ministerio Público aprecia delito de prevaricación administrativa en un total de cinco supuestos.

Por ejemplo, en 2016 el alcalde aprobó distintos contratos menores de prestación de servicios y suministro con un importe total de 45.382 euros que fueron destinados a un mismo objeto, el mantenimiento de edificios públicos.

A pesar de la identidad en el objeto de los expedientes de contratación, "mantenimiento de edificios públicos", se aprobaron por separado "superando notablemente el máximo de 18.000 euros" en el total, detalla la Fiscalía.

En concreto, se emitieron cuatro facturas que sumaban los 45.382 euros sin que ninguna de ellas superara los 18.000 euros.

La respuesta del alcalde

El partido de Rodríguez Osuna, Vecinos por Moralzarzal, apunta en una nota que este juicio es parte del proceso abierto hace cinco años por un supuesto delito de prevaricación denunciado por el PP, y critica que este juicio se vaya a celebrar “oportunamente” cuando quedan dos meses para las elecciones municipales. La formación dice no tener "ninguna duda de que se resolverá favorablemente” para el alcalde, en cuya honradez “confían plenamente”, porque “saben que no ha cometido delito alguno” y que su trabajo “se ha centrado exclusivamente en mejorar Moralzarzal”. Por ello, espera que la Justicia “finalmente determinará su inocencia en este asunto”.