Una querella de Unidas Collado Villalba por la Oficina Antiocupación llevará a la alcaldesa a los juzgados

La alcaldesa y candidata del PP de Collado Villalba, Mariola Vargas, tendrá que ir a declarar como investigada el próximo 18 de abril por la querella que hace algo más de un año interpuso Unidas por Collado Villalba por no facilitar información sobre la Oficina Antiocupación.

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 8 de Collado Villalba ha abierto diligencias previas contra Vargas al "presumir la posible existencia de una infracción penal".

La formación morada explica que presentó la denuncia "a causa de la reiterada obstaculización por parte de la alcaldesa del acceso a la información relativa al expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal, que prestó sus servicios entre julio y diciembre de 2021".

Hasta en cuatro ocasiones Unidas ha solicitado por Registro el expediente de contratación, lo reclamó en comisión informativa en diciembre de 2021 y en el Pleno ese mismo mes, sin respuesta a sus peticiones. Esa denegación sistemática sin justificación, dice la formación, no hizo más que alimentar sus sospechas sobre la posible existencia de varias irregularidades en el procedimiento de contratación.

La portavoz y responsable de Vivienda y Servicios Sociales en Unidas por Collado Villalba asegura que de la documentación que han podido consultar hasta el momento se podrían inferir algunas de esas irregularidades.

"Hay una presunta infracción del principio de proposición única, que dice claramente que no pueden licitar dos empresas de una misma persona. Cuando hemos visto la presentación de estas propuestas hay dos empresas que pertenecen a un mismo propietario, el modelo, el documento de presentación de la oferta, es exactamente el mismo. Además, se manifestó que era la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO) la que gestionaba la oficina y cuando hemos visto el contrato está a nombre de una empresa que es Desocupación Técnicas, no de la ONAO", explica Eva Morata.

A Mariola Vargas se le acusa en este proceso de un presunto delito contra los derechos cívicos, tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que prevé incluso la condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Reacción municipal

Fuente municipales han asegurado a COPE de la SIERRA que la información relativa al contrato se trasladó a los grupos políticos el 7 de febrero de 2022, el mismo día en que presentó la querella Unidas por Collado Villalba, como prueba un documento del Gestor Documental del Ayuntamiento, que refleja su entrega ese día a las doce y media de la mañana y de nuevo a las dos y media de la tarde.