Barcala y otros alcaldes del PP piden al ministro Ábalos un fondo de rescate para el transporte público

Alcaldes del PP como el de Alicante, Luis Barcala, han pedido al Gobierno un fondo de rescate para el transporte público de 500 millones de euros por la caída de viajeros que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus, que en algunas ciudades ronda el 90 %, y con el fin de garantizar la seguridad y condiciones sanitarias de viajeros y trabajadores.

En un comunicado, los alcaldes de Madrid, Zaragoza, Málaga, Murcia, Córdoba, Almería, Alicante y Santander, entre otras ciudades, han reclamado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que el Gobierno apruebe dicho rescate en la reunión que han mantenido este miércoles para tratar la vuelta a la normalidad en el transporte y su impacto en la movilidad de las ciudades.

Los alcaldes del PP han destacado que las ciudades necesitan contar con protocolos de seguridad e higiene para el transporte público y, por ello, con un plan diseñado y consensuado con las ciudades que contribuya a mejorar el transporte público municipal, al tiempo que permita que "se vayan recuperando los aforos con total seguridad para los usuarios.

Asimismo, exigen conocer los indicadores de movilidad que el Ministerio maneja para decidir qué ciudades pasan o no a la siguiente fase de desescalada. Al respecto, el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, opina que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "no está teniendo en cuenta los datos que poseen las propias ciudades sobre el número de usuarios" y remarca que son datos que resultarían de gran utilidad de cara a la vuelta a la normalidad.

La petición ha sido coordinada con los regidores por el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, para quien "el Gobierno debe de dar luz verde a este fondo" con el fin de que "el transporte municipal pueda seguir ofreciéndose en condiciones óptimas y sin que genere un déficit excesivo en las arcas municipales que interfiera en la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público eficiente y de calidad".