Los ayuntamientos, ante un nuevo quebradero de cabeza en 2025: obligados a lanzar una tasa de residuos

Nos lo anunció el alcalde de Vila-real durante la bodeguilla por las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia y ya se está transformando en una preocupación para 2025. La obligada implantación de la tasa de basuras en esas poblaciones que no contaran con ella está haciendo que algunos municipios activen reuniones y encuentros técnicos para ver cómo realizarlo, y sobre todo, que afecte lo mínimo al ciudadano.

De cara a ello se trabaja en varias poblaciones, como la propia localidad de la Plana Baixa. El pasado viernes ya tuvieron dos reuniones de trabajo en las que han intervenido el alcalde, José Benlloch, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Maria Fajardo, así como técnicos municipales, concejales del equipo de gobierno y de los grupos de PP y Vox, junto a representantes de la consultora ENT Enviroment, entidad que ha asesorado a la ciudad hermanada de Vilanova i la Geltrú en la implantación de esta tasa.

De momento, en el caso de las viviendas, el padrón de la tasa se ha elaborado en base al padrón del IBI. Tal y como han explicado los técnicos, la base imponible se ha calculado en función de la superficie, puesto que está demostrada la correlación entre superficie de la vivienda y residuos generados (por ejemplo, restos de poda y jardines), y el valor catastral en diferentes tramos, con el fin de responder a criterios de capacidad económica. Para atender situaciones de vulnerabilidad económica, se contemplan reducciones a persones o familias en riesgo de exclusión social. 

En el caso de los establecimientos comerciales, se ha elaborado el padrón de la tasa en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en base a coeficientes establecidos según el tipo de actividad, quedando un total de 47 categorías comerciales. Las deducciones serán del 20% a aquellas empresas que dan su excedente de residuos a empresas de economía social y también se podrá ajustar e ir al pago por generación a aquellas empresas o comercios que presentan un informe auditor que certifique la generación real. Las empresas que disponen de un tratamiento de residuos propio estarán exentas.

Desde la oposición, eso sí, apuntan a otras opciones. El Partido Popular de Vila-real exige al equipo de gobierno municipal de PSOE y Compromís que inicie los trámites para modificar la ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles y aplicar una rebaja en el recibo de la contribución que compense el impacto que la nueva tasa de residuos supondrá para los vila-realenses a partir de 2025.

Y dicho y hecho. Una vez analizadas las cifras y, atendiendo a la situación económica del Ayuntamiento de Vila-real, el equipo de gobierno de PSPV y Compromís ha decidido en la reunión de gobierno celebrada este lunes por la mañana, aplicar una rebaja del 2% en el IBI en 2025, “un porcentaje idéntico al que ha anunciado la ciudad de Castellón que, al igual que el resto de ayuntamientos, también debe incrementar su tasa de residuos para cubrir el coste total de la gestión y tratamiento”, han asegurado el alcalde, José Benlloch, y la vicealcaldesa, Maria Fajardo.

benicàssim activa contactos

Por otra parte, corporación municipal y técnicos del Ayuntamiento de Benicàssim se han reunido para avanzar en la implantación de la ordenanza de obligado cumplimiento derivada de la Ley 7/2022, de 8 de abril, “de residuos y suelos contaminantes para una economía circular”, que traspone la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 y la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

A partir del próximo año, todos los municipios, deberán tener como objetivo el reciclar un mínimo del 55 %, “convirtiendo los residuos en recursos, dándoles una segunda vida a los elementos y reutilizándolos para nuevos productos. Esto es lo que persigue la economía circular, pero además la nueva Ley busca que el ciudadano, obligatoriamente, sea coparticipe de todo este proceso”, ha añadido la alcaldesa Susana Marqués.

En esta línea, el consistorio ultima el desarrollo de la ordenanza fiscal que regule la norma en la que también se prevén bonificaciones para atender situaciones de vulnerabilidad con reducciones a personas o familias en riesgo de exclusión social. La previsión de esta normativa a medio plazo es que aquellas personas físicas y jurídicas que más reciclen, menos paguen.