Alfonso Grau exvicealcalde de Valencia condenado a 4,5 años de prisión por malversación

El exvicealcalde de València Alfonso Grau ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho, mientras que ha quedado absuelto del delito de falsedad documental en una de las piezas del caso Imelsa.

El exvicealcalde y exconcejal del Ayuntamiento de València Alfonso Grau ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa. Así, Grau ha sido condenado a esta pena de prisión por un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Además, estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con un total de 388.150 euros. Además, a Grau se le ha condenado por un delito continuado de cohecho con la atenuante analógica de dilaciones indebidas, al pago de una multa de cinco millones de euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público. Por su parte, al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, se le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito de malversación y se le han fijado ocho años de inhabilitación.

Grau se encargó de desviar fondos públicos

La sentencia considera probado que el entonces concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau (PP), desvió fondos de la misma fundación y la asociación mencionadas anteriromente, que recibían aportaciones económicas del Consistorio, con el fin de cubrir los gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007. Según recoge la resolución, la Fundación Turismo Valencia abonó al menos 210.000 euros a la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC).

Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de València y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. Y la sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos. No obstante, la misma resolución también considera que la empresa Laterne recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.

Grau se aprovechó de su posición para lograr aportaciones

Esos empresarios realizaron los mismos pagos con el fin de "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales", detalla la sentencia.

El Tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, "quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento". Sin embargo, lo realizaron "en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal".

Según la Audiencia de Valencia, en esa acción, "cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos" José Salinas, pues autorizó los pagos y "no cabe plantear como hipótesis razonable" que lo hiciera "por error o engañado", sino que su colaboración fue "necesariamente consciente de su finalidad".

Sin pruebas para la campaña de 2011

Pero a una conlusión completamnete diferente llega el Tribunal respecto a la campaña de las municipales de 2011, que también eran objeto de acusación, pues entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales. "La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.

Así, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del Grupo Municipal Popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal" , añade el Tribunal.