AUMSA revisará los alquileres asequibles municipales "de manera individual"
Una oficina de atención a los inquilinos estudiará de manera individual las situaciones concretas que lo requieran por presentar mayor vulnerabilidad
Valencia - Publicado el - Actualizado
2 min lectura
AUMSA analizará, de forma individual, cada uno de los alquileres asequibles municipales para ofrecer “soluciones personalizadas” a quien realmente necesite ese alquiler asequible.
Y es que, el ayuntamiento de Valencia lleva, desde 2013 -con el gobierno de Rita Barberá-, aplicando una bonificación para hacer más atractivos los precios de la vivienda pública y lo ha estado manteniendo después porque las circunstancias económicas eran complicadas.
Esta política se mantuvo con el paso de los años y el 5 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de Aumsa acordó la última prórroga, con efectos de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2023, en los mismos términos que los aprobados en su día. Así, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, explicó en su momento que esa caducidad de la prórroga fue fijada por el anterior ejecutivo.
Con ese escenario, ahora se ha suprimido la bonificación prorrogada durante una década y los alquileres vuelven a los precios que se estipulan en los contratos.
La decisión del ayuntamiento, como explica el concejal de urbanismo, Juan Giner, es analizar cada uno de los casos de manera individual, para ver la necesidad real de ese alquiler asequible y ofrecer soluciones a quien la necesite y a partir de la semana que viene, una oficina de atención a los inquilinos estudiará de manera individual las situaciones concretas que lo requieran por presentar mayor vulnerabilidad. Y el próximo viernes, 26 de enero, se celebrará un Consejo de Administración. Además, Giner recuerda que se van a poner a disposición de la ciudadanía, durante este mandato, más mil viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana.
Con esta finalidad se adquirió, en julio de 2023, el edificio de Safranar con 131 viviendas y, en agosto, se mantuvo una reunión con la Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana para potenciar la colaboración público-privada que permita la construcción de esas 1.000 viviendas públicas.