POLÍTICA
Mazón ordena levantar las alfombras
El presidente de la Generalitat encarga una auditoría "a fondo" de las empresas públicas ante las sospechas apuntadas por informes preliminares "de malgasto y descontrol"
Valencia - Publicado el - Actualizado
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Facturas en cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia. Son algunas de las cuestiones apuntadas por los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención general de la Generalitat Valenciana y que ponen de manifiesto la situación de, ineficacia, gasto desmesurado, deuda, malgasto y descontrol.
Según afirma el presidente Carlos Mazón en una comparecencia pública extraordinara, "el sector público que ha dejado el Gobierno de PSPV, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad y que hoy anuncio que vamos a investigar".
En concreto y según ha explicado el presidente, esos informes ponen de manifiesto procedimientos de contratación irregulares, falta de rigor y control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, retribuciones a directivos y trabajadores colocados a dedo al margen de la ley, y pagos a terceras personas sin control ni autorización.
Como botón de muestra, el Jefe del Consell ha citado que en materia de contratación, solo 4 de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat. Por lo tanto, el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la Ley.
Según los datos que maneja la propia intervención en los últimos 4 años, el conjunto del sector público adjudicó de manera directa, es decir, “a dedo”, 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros “a dedo”. En el caso de los contratos menores son 159 millones de euros “a dedo” y en el caso de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación alguno son 554 millones de euros “a dedo”.
Otro ejemplo: en materia de personal, la propia Intervención de la Generalitat certifica que sólo en el ejercicio 2021 se han producido más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Incluso a las puertas del 28-M, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos.
Así las cosas, la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante los años de gobierno de PSOE-Compromís mientras que el gasto en personal de las empresas del sector público valenciano se disparó un 47%. Esto se tradujo en que el coste en nóminas pasó de los 400 millones en el año 2015 a casi 600 millones el 2022. Y -por lo visto- en la mayoría de los casos sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos.
Respecto al área de tesorería, estos informes preliminares alertan del descontrol detectando un riesgo alto en el área de controles de pagos, produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente.
AUDITORÍA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT VALENCIANA
El gobierno valenciano anuncia que encarga una auditoría “forensic” en determinadas entidades del sector público para conocer exactamente dónde ha ido cada euro. Se trata de un procedimiento técnico que se utiliza para detectar, de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado. Se va a comprobar uno a uno los gastos que se han producido para conocer las irregularidades y -en su caso- exigir las responsabilidades administrativas y/o penales que se hayan podido producir.
El procedimiento administrativo comenzará en este primer trimestre de este año 2024 y el calendario de actuación se compondrá de dos informes intermedios a lo largo de todo el año y un informe final en el que se vaya detallando el trabajo realizado y las principales conclusiones de futuro.
SUPRESIÓN DE LAS “EMPRESAS FANTASMA”
El Consell de la Generalitat aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a les Corts Valencianes un proyecto de Ley para eliminar las 6 entidades que están creadas pero cuyas funciones ya viene desempeñando otras direcciones generales. Estas 6 entidades son: la Agencia Valenciana de la Energía (DG de Energía), la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad (DG TIC), la Agencia Valenciana de información y control alimentarios (DG de Producción Agrícola y Ganadera y DG de Cadena Agroalimentaria), la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular (escisión VAERSA), la Agencia Valenciana Cambio Climático (DG de Calidad y Educación Ambiental), y la Escuela Valenciana de Administración Pública (DG de Función Pública)