Cáritas Valencia confirma que el disparatado precio de alquiler de vivienda genera más pobres

La red de Cáritas, compuesta por las acogidas parroquiales y los programas de acción social diocesanos, acompañó en 2023 a 54 317 personas, un 5 por ciento más que el año anterior. El encarecimiento significativo del coste de la vida sigue manifestándose con toda crudeza entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad en el territorio de nuestra diócesis.

El problema de la vivienda

Para lograr el acceso a una vivienda digna y adecuada, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Arnada, ha propuesto: «ampliar el número de viviendas de alquiler de calidad a precios asequibles; aumentar el parque público de vivienda en alquiler social para aquellas familias con rentas más bajas y cumplir el 3% de dotación residencial que marca la ley, ampliable al 5%, para garantizar un hogar a familias en situaciones de extrema necesidad».

Y es que el año pasado, Cáritas invirtió más de doce millones de euros (12 502 456 €) en la atención social en la diócesis de Valencia, y un 34 por ciento fue para cubrir necesidades básicas como, suministros, ayudas para alquiler, desahucios, pago de recibos, reparaciones en la vivienda, etc.

De quienes solicitaron apoyo económico en vivienda, el 66% se encontraba en situación de régimen de alquiler por subarriendo. Algunos de estos casos se encuentran con la dificultad en la tramitación del empadronamiento en el mismo domicilio que obstaculiza su proceso de integración.

Perfil del beneficiado

Los perfiles de las personas atendidas por la institución en alguna de sus 426 Cáritas parroquiales y 180 proyectos no han cambiado. Quienes con mayor frecuencia solicitan la ayuda de Cáritas en la diócesis de Valencia siguen siendo: personas migrantes, la mayor parte de ellas en situación administrativa irregular, mujeres solas y parejas jóvenes con menores de edad a su cargo y personas con viviendas precarias

A este respecto, los datos hablan del hecho de tener hijos como uno de los factores de riesgo de exclusión y de transmisión intergeneracional de la pobreza, y por ello se presta especial atención a los 16 659 niños, niñas y adolescentes beneficiarios para evitar que las situaciones de pobreza y exclusión se perpetúen.

Por otra parte, "seguimos viendo con preocupación cómo un 7,6 por ciento de las personas atendidas lo son desde hace más de 10 años. Se trata de familias muchas de ellas en pobreza severa, que ven cronificada su situación y que nos siguen indicando que la transmisión intergeneracional de la pobreza influye en la precariedad y la vulnerabilidad de las familias que atendemos".

Otras cifras significativas

Entre las personas acompañadas por Cáritas Valencia destacan los 1.033 menores de edad que participan en proyectos de Infancia y adolescencia o residieron en el Hogar Mare de Déu dels Desemparats i dels Innocents.

Asimismo, un total de 43 familias son acompañadas en sus hogares; mientras que 144 personas migrantes o en situación de sin hogar residieron en viviendas de la institución y en el Centro de acogida San Esteban.

Además, 123 mujeres fueron acompañadas desde el proyecto Jere-Jere y 1983 encontraron un empleo con el apoyo de Cáritas en la diócesis (un 35 por ciento más que el año pasado).

Recursos humanos y económicos

A lo largo de 2023 Cáritas contó con la colaboración desinteresada de 4.983 personas voluntarias, la mayoría (67%) mujeres. Del mismo modo, recibió el apoyo de 3355 personas que confiaron recursos económicos a la entidad y un total de 270 entidades y empresas colaboradoras.

En cuanto a los recursos económicos, los fondos propios suponen el 66% de los ingresos que recibe Cáritas en la diócesis de Valencia, que ascendieron, a 13 893 381 euros en 2023.

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Propuestas

Entre las conclusiones más destacadas, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda ha destacado, entre otras preocupaciones, la necesidad de que: «la Administración garantice políticas públicas que dignifiquen a todas las personas y, sobre todo, a aquellas que se encuentran en situaciones vulneradas».

En ese sentido, en el ámbito del trabajo digno Aranda ha destacado la necesidad de: «planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tengan en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora».

Asimismo, se ha referido a «la necesidad de seguir garantizando el derecho al mínimo vital para todas las personas con un sistema de garantía de ingresos mínimos que esté dotado con la cobertura suficiente y cuya tramitación se agilice».